El 1 de septiembre de 1988, en el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid, inició la agonía del culto presidencial que marcaron setenta años de la era priista. Fue Porfirio Muñoz Ledo quien le espetó en el salón de plenos de la Cámara de Diputados el “¡miente, señor Presidente!” que marcó también el nacimiento de la oposición al presidencialismo autoritario. Veinte años después, el acta de defunción del culto al Presidente la extendió Vicente Fox, el 15 de agosto de 2008 con el decreto de reforma al artículo 69 constitucional que eliminó el requisito de asistencia en persona del Ejecutivo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Para más o menos saber el porqué y el cómo del auge y caída del “Día del Presidente”, es necesario repasar algunos detalles de la historia de los informes presidenciales. El sexto informe es el recuento de los daños, luego de que en el arranque de su mandato creen ser auténticos salvadores de la patria, y seis años después, aunque no lo admiten –salvo excepciones que adelante se leen–resultan los principales causantes y responsables del derrumbe. El desplome causado por el hecho irrebatible de responder a los intereses de los grupos que los empujaron al poder.
La historia. El primer presidente en rendir un informe fue el general Guadalupe Victoria, quien, a pesar de que no estaba obligado a hacerlo, se presentó ante el Congreso para dar cuenta de la marcha de su gobierno. Aquel uno de enero de 1825, el presidente Victoria dio a conocer que, a pesar de las penurias económicas por las que atravesaba el país, luego de la lucha por la Independencia y del fallido imperio de Agustín de Iturbide, se había logrado vestir, armar y aumentar los sueldos del Ejército, pagar los sueldos atrasados de los empleados y, atenderen la medida de lo posible, atender la administración de justicia. Por cierto, su verdadero nombre era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, pero se lo cambió al de Guadalupe Victoria en honor a la virgen del Tepeyac, a la que se encomendaba y le hacía ganar batallas.
Benito Juárez. Años después, en su informe del 31 de mayo de 1862, Benito Juárez aseguró que el pueblo apoyaba el orden legal de la Constitución de 1857 y al tiempo que rechazaba “con indignación” los “proyectos insensatos” que proponían intervenir en los asuntos internos, así como intentar cambiar, “bajo la sombra de bayonetas extranjeras”, la forma de gobierno que libremente se había dado a la República.
El presidente Juárez no lo dijo, pero la “indirecta” era contra Juan Nepomuceno Almonte, hijo del general José María Morelos y Pavón, quien estuvo entre la comitiva de conservadores que fueron a Europa a ofrecer el trono de México. En cambio, en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el 8 diciembre de 1867 Juárez anunció la victoria sobre los imperialistas y la determinación de fusilar a Maximiliano, “en tanto es un acto de justicia que afianzará la paz y pondrá fin a las convulsiones internas”, justificó el oaxaqueño.
Porfirio Díaz. Con su llegada al poder comenzó una nueva etapa en el país bajo la divisa de “orden y progreso”, lo que en otras palabras significó cárcel a sus detractores, el progreso de la clase terrateniente y las oligarquías agrícolas del país de fines del siglo XIX.
Como encargado del Poder Ejecutivo, Porfirio Díaz se presentó en el Congreso el 1 de abril de 1877 para anunciar que comenzaba la época de la “reconstrucción constitucional”, esto es que, bajo el amparo de la ley suprema, se afirmaría la paz y se protegerían bajo su “benéfico influjo” todos los intereses legítimos con el propósito de desarrollar los grandes elementos de riqueza del país… (Me leen mañana).
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