La liberación, por parte de un juez, de diez presuntos miembros del cartel la Familia Michoacana, desató un enfrentamiento verbal entre funcionarios.
La decisión del juez fue un caso más de la “puerta giratoria”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano. Añadió que se aseguraron armas, droga y vehículos robados, lo que al lector hace suponer que hubo un cateo domiciliario. Añadió: “Estas personas están vinculadas con hechos delictivos que han generado violencia en Emiliano Zapata, donde en meses pasados se registraron múltiples homicidios y robos. Sin embargo, nuevamente se les otorgó la libertad”. Sobre los argumentos del juez que ordenó la liberación, Urrutia Lozano esquivó el bulto, pretextando que esa información no puede ser confirmada por la dependencia que dirige. En cambio, lamentó la repetición de casos parecidos en operativos contra robo de vehículos efectuados en Cuernavaca. A propósito de la decena de detenidos, afirmó: “Está comprobado que estas personas han participado en múltiples hechos delictivos”. Parca en lo general la declaración del titular de la SSPC, pero contundente en la parte que se refirió al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Emilio Elizalde Figueroa, manifestó: “En los últimos seis meses hemos impartido al menos una docena de cursos y talleres. La salida más fácil es decir que no se capacita; los registros están ahí. Incluso contamos con un departamento jurídico que asesora a los elementos para una correcta puesta a disposición”…
Fiel a su estilo en exceso cauteloso que esquiva todo aquello que lo comprometa, el secretario de gobierno, Juan Salgado Brito, no dijo nada de interés público. Manifestó: “Nos hemos sentado con el magistrado presidente, el fiscal, el secretario de seguridad y yo. Lo veo muy dispuesto a impulsar una nueva política de combate a la corrupción y de combate a la impunidad. Es indiscutible que hay mucho por hacer en el área de revisión del desempeño de muchos jueces”. Negado a relacionar el caso de los diez detenidos con el exfiscal Uriel Carmona Gándara, se excusó: “No quisiera prejuzgar ni hablar sobre supuestos. Yo creo que (primero) se hagan las investigaciones y, derivado de eso, que se haga justicia”. Si enterado está Carmona de la declaración de Salgado, se habrá tirado de la risa, impedido de hablar, pues prácticamente tiene calidad de prófugo de la justicia, su prioridad es no ser ubicado y detenido por fuerzas federales...
La única declaración interesante la hizo la gobernadora Margarita González Saravia. Admitió. “Nos perjudica (al gobierno y a la sociedad) que jueces liberen a delincuentes. Se ha logrado una reducción importante en delitos de alto impacto, particularmente
en los homicidios. Sin embargo, persisten desafíos importantes, especialmente con algunas decisiones del Poder Judicial.
Todavía nos falta cerrar brecha con el TSJ y con algunos jueces que, después de todo el trabajo que se hace para detener a los delincuentes, los dejen en libertad”...
La guerra de declaraciones se relaciona con este comentario reciente del columnista: Uriel Carmona tiene dos récords: uno, es el único fiscal general de justicia del Estado de Morelos que ha estado dos veces preso, en septiembre de 2023 cuando pasó 48 días rebotando entre el Reclusorio Sur y el penal federal de máxima seguridad de Almoloya, de donde salió libre tras ganar cuatro amparos, y dos, es el único funcionario de Morelos que se ha enfrentado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo… (Me leen mañana).
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