El gobierno de Morelos ha puesto en marcha una nueva infraestructura penitenciaria. Se trata del penal para mujeres ubicado en el bulevar Cuauhnáhuac, en las instalaciones que anteriormente ocupó la Unidad Antisecuestro. Los delitos más recurrentes cometidos por mujeres son el robo, narcomenudeo, delincuencia organizada, homicidio, violencia familiar (el más común en cárceles estatales), narcomenudeo y delincuencia familiar. En México existen 22 centros penitenciarios exclusivos para mujeres. Una gran parte de la población femenil privada de la libertad (cerca del 60%) se encuentra recluida en módulos dentro de cárceles mixtas...
En Morelos está la penitenciaría federal para mujeres. Ubicado en el municipio de Coatlán del Río, el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 es la única prisión federal femenil de México cuyas características son únicas. Funciona desde 2016 como centro de máxima seguridad. En 2023 albergaba a alrededor de mil mujeres privadas de libertad. Conocido como el “cementerio de las vivas”, ha sido objeto de preocupación debido a sus condiciones de reclusión. Es una cárcel donde se registra una muerte violenta cada dos meses.
Hay suicidios, torturas, castigos degradantes, medicalización forzada y un sistema que las abandona. El Estado es responsable; las mujeres en custodia del Estado mexicano en condiciones de reclusión no deberían perder el ejercicio de sus derechos humanos. No importa su situación procesal, es decir, que se encuentren en prisión preventiva oficiosa o purgando una pena establecida por un juez. No obstante, la realidad en México dista de ser así. Un ejemplo de ello es el Cefereso 16 de Morelos; en esa cárcel federal se registra una muerte violenta entre sus internas cada dos meses. Este registro se basa en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, cuya cifra comprende de enero 2024 a enero del 2025. Estas muertes violentas de internas son reportadas como presuntos suicidios por las autoridades, pero carecen de una investigación con perspectiva de género que permita configurar esta hipótesis.
Basado en el caso de la sentencia de Mariana Lima del 2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que el Estado mexicano está obligado a presumir algún delito detrás de toda muerte violenta de cualquier mujer hasta realizar una investigación con perspectiva de género. Sumado a muertes violentas de mujeres internas en custodia del Estado mexicano, se documentó una política de escarmiento del Estado que incluye torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico. “Algunas mujeres están confinadas en su celda las 24
horas del día”. También, se detectó que se han suscitado riñas en las que las autoridades no han intervenido. Tampoco hay acceso a atención ginecológica, ni odontológica. Christopher Sánchez, representante de la Defensoría Pública ante la CIDH, señaló el 12 de noviembre, 202: “Son muertes en custodia que pudieron evitarse si el Estado hubiera cumplido con las obligaciones en materia de derechos humanos, que ya han deparado en 19 muertes prevenibles”.
Esta alerta por muertes en custodia no es nueva. En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habría externado su preocupación, pues las autoridades mexicanas, en los distintos niveles de gobierno, no estaba adoptando las medidas adecuadas, incluyendo reformas estructurales y no de carácter victimismo, que erradicaran las olas de violencia de los centros penitenciarios...
(Me leen el lunes).
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