Solicitadas al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) al Congreso del Estado, son inminentes la destitución e inhabilitación de los alcaldes de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, y de Xoxocotla, José Carlos Jiménez Ponciano. El motivo: que de manera reiterada su se han negado a cumplir con sentencias judiciales laborales. Heredaron expedientes de entre cinco y seis años de antigüedad que acumularon adeudos por despidos injustificados y pago de pensiones por más de un millón de pesos.
Y la causa: la pobreza presupuestal de ambos municipios. Pero por lo pronto, los tesoreros de los dos ayuntamientos fueron notificados de que serán cesados, no así los acaldes, a los que el TJA no puede destituir pues fueron electos por el voto popular… Xoxocotla ha vivido días amargos. La tarde-noche del jueves 8 de septiembre de 2003 estallaron ocho puestos de pólvora que alcanzaron dos viviendas y un vehículo. Por fortuna no hubo muertos.
Durante años, cuarenta puestos de cohetes habían estado en el borde de la carretera. El entonces presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, y el jefe de la Zona Militar sabían del peligro que representaban los puestos expendedores de pólvora. Pero nadie hizo nada por evitar la explosión. La gente de Xoxocotla se dividió, liderada por el delegado Jesús González Machuca que exigió la clausura definitiva de los negocios carreteros de cohetes, cohetones y “palomas”, mientras los dueños exigían la preservación de su fuente de ingresos.
Expuestas las razones de ambas partes, el gobierno no cumplió su obligación de privilegiar la seguridad de los más sobre los intereses de los menos. Salió con el cuento de que la gente de Xoxocotla no debía temer una incursión de la Policía Federal Preventiva, cuando eso fue precisamente lo que cientos de hombres y mujeres de la comunidad habían solicitado el día de la explosión, dispuestos a colaborar con los policías para señalarles las casas con cisternas habilitadas como “bodegas” de pólvora. Pasaron horas urgiéndolos a que entraran
al pueblo, y excepto las familias dedicadas a la venta de explosivos nadie se opuso, pero a la orden siguió una contraorden desde el gobierno y los federales se limitaron a revisar los puestos ya vacíos de mercancía para entonces.
La explosión de aquel día en Xoxocotla coincidió con el estallido de un taller de juegos pirotécnicos en el pueblo de Tultepec, estado de México, donde no fue la primera vez que ocurrió un percance similar pese a que por tradición los artesanos de esa comunidad mexiquense son expertos en el manejo y la elaboración de artefactos a base de pólvora y como tales contaban con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
No fue así en el caso de Xoxocotla, donde además de operar en un marco de clandestinidad se evidenció un tráfico constante de explosivos. La pólvora no se producía en Xoxocotla, surtidos los coheteros de mercancía en la Ciudad de México o traída a domicilio sin que ninguna autoridad hubiese “visto” los camiones cargados de explosivos transitando por las carreteras morelenses y descargando en Xoxocotla...
El 24 de noviembre de 2018 Xoxocotla reeditó la desgracia. Los primeros datos del incendio en el tianguis de juegos pirotécnicos reportaron dos personas fallecidas, una niña de entre uno y tres años desaparecida, cuatro adultos con quemaduras y daños materiales. Sucedió alrededor de las 19.00 horas. El fuego fue sofocado por lugareños, presentes minutos después los bomberos de Jojutla y Xochitepec que controlaron los vestigios de la quemazón…
El fondo del problema es la insuficiencia presupuestal de Tlaquiltenango y Xoxocotla, por una parte, históricamente incapaces de pagar las deudas de ambas municipalidades, y por otra, de sostener cuerpos de bomberos debidamente ocupados... (Me leen el lunes).
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