Tlaquiltenango, Morelos.- El azote de los grupos delictivos en la zona sur del estado ha provocado la movilización inmediata de las fuerzas del orden. Los pobladores de las comunidades más alejadas exigen garantías ante las constantes amenazas que sufren de manera cotidiana en sus centros de trabajo.
La crisis de seguridad en Huautla se convirtió en el tema prioritario de la agenda pública estatal tras revelarse la gravedad de las extorsiones. El gobierno local admitió que la problemática requiere de una intervención integral para devolver la tranquilidad a los habitantes.
Intervención oficial tras denuncias de la iglesia
Los reclamos escalaron a nivel estatal luego de que el obispo de la Diócesis de Cuernavaca expusiera públicamente el sufrimiento de los comerciantes. Las víctimas han tenido que suspender sus actividades económicas debido a las exigencias económicas de los delincuentes.
El secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, reconoció que la situación en el municipio de Tlaquiltenango es compleja. Por ello, el funcionario anunció que se han establecido canales de comunicación directa para frenar el impacto del crimen organizado en la región.
Los operativos de vigilancia se reforzaron en los accesos principales a la comunidad desde las primeras horas de esta semana. El objetivo primordial de las autoridades es inhibir la presencia de células criminales que se dedican a amedrentar a los pequeños productores del campo.
Pactan reunión clave con el obispo de Cuernavaca
La estrategia gubernamental para mitigar la emergencia incluye la participación de líderes sociales y eclesiásticos de la entidad. Los representantes católicos han sido los principales portavoces del temor que se vive en las calles de la zona sur.
Maldonado Ceballos informó que el próximo jueves sostendrán un encuentro formal con el obispo Ramón Castro Castro en la capital. En esta mesa de trabajo se desglosarán los puntos rojos detectados para que la policía preventiva actúe de manera focalizada.
El secretario de Seguridad Pública ya cuenta con las carpetas de investigación correspondientes a cada caso denunciado. Las autoridades buscan establecer redes de inteligencia que permitan capturar a los responsables de los cobros de cuotas de manera inmediata.