Atentado en Culiacán: Diputada pierde un Ojo y legislador lucha por su vida en terapia intensiva

Nacionales
Hassan Aldama
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Sinaloa.- La violencia política y el crimen organizado volvieron a golpear con crudeza el corazón de Sinaloa. El miércoles 28 de enero, alrededor del mediodía, los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron víctimas de un atentado armado directo mientras se trasladaban en una camioneta blanca por el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo), a la altura de Domingo Rubí, en el sector Centro de Culiacán. El ataque dejó a la diputada Montoya con la pérdida irreversible de un ojo y lesiones cerebrales, mientras que el dirigente estatal de MC permanece en estado grave pero estable en terapia intensiva, tras una cirugía exitosa en la cabeza.

Según el reporte oficial del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ambos legisladores habían abandonado la sesión del Congreso del Estado minutos antes para dirigirse al aeropuerto rumbo a la Ciudad de México. Viajaban sin escoltas visibles de alto nivel y en una camioneta particular. El comando armado —integrado por al menos tres sujetos— abrió fuego por la parte trasera del vehículo, impactando directamente a los ocupantes. El chofer Gonzalo Quintero y otro acompañante resultaron heridos, pero ambos se encuentran fuera de peligro vital.

Montoya Ojeda fue intervenida quirúrgicamente de emergencia. Aunque permanece consciente, puede caminar y está fuera de riesgo de muerte, las lesiones le causaron la pérdida de un ojo y daños neurológicos que requerirán cuidados especializados prolongados. Torres Félix, exalcalde de Culiacán y líder estatal de MC, sufrió heridas graves en la cabeza. Fue operado con éxito, pero las primeras 48 horas son críticas debido a la inflamación cerebral. Fue trasladado a otro hospital privado en Culiacán para atención especializada.

Respuesta Inmediata de Autoridades y Despliegue Masivo de Fuerzas

El gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) confirmó el ataque y ordenó un operativo inmediato de búsqueda y captura. La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que los agresores huyeron en otro vehículo, posiblemente relacionado con una panadería local. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad federal atiende el caso en coordinación con el estado. Como medida extraordinaria, se desplegaron 1,600 elementos militares, incluyendo 90 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, para patrullajes intensivos, disuasión y prevención de nuevos atentados en zonas críticas de Sinaloa.

La mandataria confirmó que ya existen detenidos relacionados con el atentado, aunque evitó detalles para no afectar la investigación. Álvarez Máynez exigió justicia sin impunidad y anunció seguimiento médico y legal exhaustivo por parte de MC.

Contexto de Violencia Descontrolada en Sinaloa

El ataque ocurre en medio de una escalada de violencia en Sinaloa desde finales de 2024, derivada del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa. Culiacán ha registrado balaceras diarias, bloqueos, vehículos incendiados y ataques directos a autoridades. La crisis ha generado pérdidas económicas millonarias y ha forzado la suspensión de eventos públicos en el pasado.

Este atentado contra legisladores de oposición reaviva las alertas sobre la vulnerabilidad de figuras políticas en regiones dominadas por el crimen organizado. Movimiento Ciudadano condenó la agresión como ejemplo de la "crisis de impunidad" que azota México, especialmente Sinaloa, y reiteró su compromiso con la colaboración institucional en seguridad.

Reacciones y Exigencias

  • Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez): "Daremos seguimiento médico y legal. Exigimos responsables".
  • Claudia Sheinbaum: "El Gabinete de Seguridad atiende el caso; hay detenidos".
  • Rubén Rocha Moya: Ordenó operativo de búsqueda inmediata.

Hasta el momento, no hay detenidos públicos ni reivindicación del ataque. Las autoridades mantienen hermetismo sobre posibles móviles, pero el contexto apunta a violencia política o ajuste de cuentas en el marco del control territorial del crimen organizado.

Este caso se suma a la larga lista de agresiones contra servidores públicos en México. La sociedad exige respuestas urgentes para frenar la espiral de violencia que pone en jaque la gobernabilidad en uno de los estados más golpeados por el narcotráfico.

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