Cuernavaca.- El bolsillo de los ciudadanos sufre un nuevo golpe. Tras la publicación oficial del decreto que autoriza el incremento a la tarifa del transporte público en Morelos, diversos sectores sociales ya preparan una contraofensiva jurídica. El Frente Cívico por Morelos anunció que analiza emprender amparos colectivos para intentar frenar la medida, argumentando que el servicio actual es deficiente, inseguro y que la economía local no soporta este impacto.
El vocero de la organización, Francisco Radilla Corona, informó que la consulta ciudadana que realizaban para medir la inconformidad social tuvo que concluir de manera anticipada. Esto ocurrió debido a la velocidad con la que las autoridades publicaron el decreto en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, dejando a los usuarios sin margen de maniobra inmediata en las calles.
Morelos tendrá el pasaje más caro del país
Los resultados de este ejercicio social se darán a conocer la próxima semana. El objetivo es que la población conozca el diagnóstico real y la percepción que los pasajeros tienen sobre las rutas y camiones. Radilla Corona lamentó que las familias de menores ingresos sean las más perjudicadas, ya que utilizan este medio diariamente para ir a trabajar o estudiar.
Agotadas las vías del diálogo con el gobierno, el bloque civil asegura que el único camino restante es la estrategia legal. Los especialistas estudian la viabilidad de promover amparos y la impugnación directa del decreto. No obstante, reconocieron que la complejidad de estos procedimientos exige un análisis profundo antes de presentar las demandas ante los juzgados federales.
Exigen frenar el abuso ante un servicio deficiente
El activista sostuvo que la entidad ya se encontraba por encima de la media nacional en el costo del traslado de pasajeros. Con el nuevo aumento de tres pesos que entrará en vigor el próximo 1 de julio, Morelos escalará al primer lugar de las tarifas más elevadas de la República Mexicana, superando a grandes metrópolis.
Finalmente, el Frente Cívico hizo un llamado abierto a las barras y colegios de abogados del estado. Pidieron que los profesionales del derecho se sumen a la causa de forma solidaria y orienten a los ciudadanos para interponer recursos legales masivos. La meta es demostrar la ilegalidad de un decreto que premia a los transportistas sin exigir la renovación de unidades chatarra.