Jiutepec.- El pulmón ecológico del estado se encuentra bajo un asedio sin precedentes que amenaza el futuro del agua para miles de morelenses.
Las invasiones en El Texcal se duplicaron de forma alarmante durante los primeros seis meses de este 2026, destruyendo hectáreas de reserva natural protegida.
La delincuencia y el despojo avanzaron sin freno, pasando de 150 a más de 300 asentamientos irregulares en puntos estratégicos del área.
Invasores destruyen la reserva de Jiutepec
La secretaria de Bienes Comunales de Tejalpa, Alejandra Samano, confirmó que la ocupación ilegal devora con velocidad la zona norte de la reserva.
El daño se extiende con fuerza hacia parajes conocidos como Acolapa y La Josefa, donde se concentra el mayor número de construcciones clandestinas.
Los invasores desafiaron a la autoridad al reingresar a predios que ya habían sido liberados en operativos pasados, avanzando directo hacia el parque.
Retiran barreras y destruyen infraestructura
La representante de los comuneros advirtió que la zona está en total vulnerabilidad tras el retiro provocado de las barreras de protección del lugar.
Esta situación facilitó el ingreso de camiones y materiales por múltiples accesos clandestinos que no cuentan con vigilancia alguna de las autoridades.
Los reportes confirman daños severos a la infraestructura de contención, lo que aceleró el crecimiento de fincas construidas con total impunidad.
Peligra el suministro de agua en Morelos
El peligro de este despojo no es solo territorial, sino una bomba de tiempo ambiental que afectará de forma directa la salud de los ciudadanos.
Los asentamientos carecen por completo de drenaje, lo que provoca que los desechos humanos se descarguen de forma directa en el subsuelo.
Esto genera un riesgo inminente de contaminación en las fuentes de agua que se abastecen del corredor biológico Chichinautzin.
Foráneos lideran despojo en El Texcal
Se estima que existen entre 200 y casi 300 viviendas consolidadas, muchas de ellas habitadas por personas que llegaron de estados vecinos, principalmente de Guerrero.
Los líderes comunales exigieron dejar de ver esto como un conflicto social, ya que se trata de un delito ambiental que estrangula las áreas verdes.
Se requiere la intervención inmediata del gobierno federal y estatal para frenar un ecocidio que dejará sin agua a la región sur de Morelos.