Cuernavaca, Morelos.- Los alcaldes de Morelos viven bajo la constante amenaza de perder el cargo debido a las crisis financieras municipales. En las últimas horas, los presidentes municipales de Tlaquiltenango y Xoxocotla lograron esquivar, de manera temporal, las órdenes de destitución e inhabilitación que pesaban en su contra.
Estas drásticas medidas fueron solicitadas originalmente por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ante el persistente incumplimiento en el pago de laudos laborales acumulados.
El diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador parlamentario de Morena y pieza clave en la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, confirmó que los ediles lograron activar mecanismos legales para mantenerse al frente de sus ayuntamientos.
El amparo y la conciliación salvan a los ediles
En el caso específico de Tlaquiltenango, el alcalde recurrió a la justicia federal obteniendo una suspensión provisional mediante un juicio de amparo. Esta estrategia legal congeló de inmediato el procedimiento de destitución que ya se operaba desde el Poder Legislativo.
Por otra parte, el ayuntamiento indígena de Xoxocotla apostó por la vía del diálogo directo. Las autoridades locales iniciaron un proceso formal de conciliación con los trabajadores demandantes, logrando un acuerdo inicial que detuvo la guillotina administrativa del TJA.
La situación para Zacualpan de Amilpas es distinta y mantiene en alerta a la región oriente del estado. El Congreso de Morelos y las partes en conflicto revisan a contrarreloj diversas alternativas financieras para alcanzar un acuerdo urgente antes de que la orden de destitución contra el alcalde sea irrevocable.
Las deudas del pasado asfixian a los municipios
Reyes Reyes fue enfático al señalar que estos millonarios adeudos laborales que hoy asfixian a las tesorerías no fueron generados por los alcaldes actuales. Se trata de pasivos históricos y demandas mal atendidas que fueron heredadas de manera irresponsable por administraciones pasadas.
La falta de presupuesto propio para liquidar estos compromisos obliga al Congreso local a intervenir como mediador político. El objetivo es evitar que la gobernabilidad de los municipios se rompa por completo a causa de los errores financieros de exalcaldes que ya dejaron el cargo.