Desde este mes, el Gobierno de Morelos deberá adaptar su estructura operativa para que los trámites puedan realizarse en línea, con Llave MX y Firma Electrónica Avanzada. También se habilitará la Protesta Digital, una herramienta para denunciar la negativa injustificada de servidores públicos. Estas acciones derivan de la nueva Ley de Transformación Digital del Estado, publicada el 3 de octubre en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
Esta nueva legislación busca mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos mediante la digitalización de trámites y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la interacción entre el gobierno y la ciudadanía.
Además, tiene como objetivo, según la publicación, modernizar la interacción entre ciudadanía y gobierno, con la simplificación de procesos administrativos y con reducción en el contacto presencial con funcionarios, con el fin de combatir la corrupción y aumentar la eficiencia.
Entre sus medidas más destacadas, la ley contempla la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, que concentrará en una sola plataforma digital todos los servicios gubernamentales estatales y municipales. Para acceder a estos trámites, las personas podrán usar la Llave MX, vinculada a su CURP, como medio de identificación digital, y firmar documentos con la Firma Electrónica Avanzada, que tendrá validez legal.
Una novedad importante es la figura de la Protesta Digital, un mecanismo que permitirá a los ciudadanos presentar denuncias formales cuando un servidor público se niegue sin justificación a realizar un trámite o servicio.
La ley también crea la Agencia de Transformación Digital del Estado de Morelos, responsable de coordinar el desarrollo tecnológico, administrar la infraestructura digital, gestionar datos y garantizar la ciberseguridad e interoperabilidad de los sistemas. Además, cada unidad administrativa deberá contar con un Agente de Transformación Digital para implementar y dar seguimiento a estas políticas.
Aplicable a todas las dependencias estatales y municipales, así como a los tres poderes y órganos autónomos, la ley excluye únicamente los asuntos fiscales y las funciones del Ministerio Público. Los municipios contarán con un plazo de 180 días naturales, a partir del 4 de octubre, para emitir su normativa local y designar a su respectiva Autoridad de Transformación Digital.