Cuernavaca.- La decisión de priorizar la vida de tres agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que fueron retenidos durante los hechos de violencia registrados en San José de Totolapan recibió el respaldo del Foro Morelense de Abogados.
La organización civil consideró que la determinación adoptada por el fiscal Fernando Blumenkron Escobar estuvo totalmente apegada a Derecho y respondió a una situación de emergencia extrema en el municipio.
Salvar vidas fue la prioridad de la Fiscalía
Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, sostuvo que la medida implementada por el titular de la FGE fue acertada, ya que el objetivo principal en ese momento era salvaguardar la integridad física de los elementos privados de su libertad.
"De no haberse hecho así, hoy tendríamos fenecidas a tres personas y a sus familias llorando. Fue una decisión conforme a Derecho, fue lo mejor", expresó el litigante al evaluar el desenlace de la intervención oficial.
El especialista precisó que la estrategia no debería generar controversia entre la opinión pública, pues ante un escenario de riesgo inminente era obligatorio privilegiar la protección de la vida humana por encima de cualquier otro criterio operativo.
Exponen complicidad de autoridades en la zona oriente
A pesar de respaldar el actuar del fiscal, Martínez Bello advirtió que los acontecimientos ocurridos en Totolapan reflejan un deterioro profundo en materia de seguridad que afecta desde hace varios años a los municipios de la zona oriente de Morelos.
El presidente del Foro señaló que uno de los mayores obstáculos para combatir con eficacia a las organizaciones criminales en la entidad es la presunta complicidad de diversas autoridades municipales con estos grupos fuera de la ley.
Esta red de protección e infiltración criminal en los ayuntamientos, afirmó el litigante, es el factor central que ha favorecido el incremento de la inseguridad y la persistencia de la impunidad en las comunidades de la región.
Como muestra de esta problemática, hizo referencia a las recientes detenciones de autoridades municipales en Cuautla y Atlatlahucan, casos que a su consideración evidencian la vulnerabilidad y probable penetración de la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno local.
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