Cuernavaca, Morelos.- El abogado penalista Eduardo Núñez compartió la ruta legal y los derechos ciudadanos indispensables tras sufrir el robo de un vehículo, destacando que la rapidez y un rol activo de la víctima son clave fundamental para agilizar la investigación y evitar repercusiones legales colaterales.
En entrevista para Diario de Morelos Informa, el especialista detalló que existen dos modalidades principales: el robo estacionario en ausencia del dueño y el robo con violencia. En cualquiera de ambos escenarios, la prioridad absoluta debe ser salvaguardar la integridad física.
La ruta de acción inmediata recomendada incluye ubicar testigos, aprovechar sistemas de rastreo GPS, recabar fotografías y buscar cámaras de videovigilancia en la zona para activar la búsqueda policial de forma oportuna y deslindar al propietario en caso de que la unidad sea utilizada para cometer otros delitos.
Pasos ante aseguradoras, Ministerio Público y derechos de la víctima
El siguiente paso obligatorio consiste en avisar de inmediato a la aseguradora, proporcionando el folio de reporte brindado por el número de emergencia 911, para posteriormente formalizar los hechos mediante una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP).
Un error frecuente entre la ciudadanía es asumir que la labor de justicia termina con la presentación de la denuncia. Conforme al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima tiene el derecho inalienable de participar activamente, aportar pruebas determinantes y contar con asesoría jurídica especializada durante todo el proceso.
Protección de pruebas y recursos ante la inactividad de la Fiscalía
Núñez advirtió que los sistemas de videovigilancia (DVR) de los establecimientos y domicilios particulares suelen sobrescribir y borrar sus grabaciones cada 15 días, por lo que solicitar a tiempo la intervención pericial evita perder pruebas decisivas para dar con los responsables.
Finalmente, el especialista señaló que, si la Fiscalía paraliza las investigaciones o muestra inactividad, la víctima cuenta con el recurso legal de solicitar un “control judicial” o “auxilio judicial” ante un juez de control, herramienta jurídica que obliga al Ministerio Público a rendir cuentas y continuar con las indagatorias.
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