Después del terrible terremoto, que por primera vez en la historia tocó a Morelos, los actores políticos se comprometieron a levantar viviendas para familias afectadas, pero no las terminaron en algunos casos y en otros esas personas siguen esperando que les llegue la ayuda.
La Sedatu dice que ya entregó el recurso y que el Gobierno del Estado es el que no cumple, pero la verdad es que se echan la bolita unos a otros y, a pesar de que es verdaderamente importante sacar adelante a los más necesitados, las cosas no son como las publicitan.
Mire usted el caso de una joven madre sin recursos que vive en Tetela del Volcán, quien recibió una vivienda incompleta. A un día de abandonar la casa de sus suegros y mudarse a su nueva casa, ella, de 19 años de edad, todavía se pregunta cómo le va a hacer.
“Ya nos urge y queremos estar aquí, compramos las láminas y algunas tablas, pero no la hemos terminado”, comentó de pie en un suelo polvoriento, sobre el que uno se pregunta si es conveniente criar a Catherine, su hija de nueve meses de edad.
De acuerdo con una vecina, la casa fue construida por el equipo de Rubicel Velázquez, un político de Tetela del Volcán, aspirante a la alcaldía. Aunque la vivienda tiene techo y paredes, no está terminada. Con muy poco dinero para seguir la construcción por su cuenta, ella y su esposo no tienen otra opción más que empezar a vivir ahí.
Esa joven madre, como muchas otras personas, está desesperada porque lo único que quiere es alguna ayuda para tener un lugar dónde vivir.
A casi siete meses del 19 de septiembre, no todos los proyectos de reconstrucción han sido concluidos, lo que ha dejado en el desamparo a las personas de escasos recursos que habían confiado en los personajes de la política que hicieron promesas al respecto.
La verdad es que hay una falta de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno, y vecinos de la unidad habitacional El Pochotal de Jiutepec, los cuales fueron afectados por el sismo, se organizan para realizar un estudio con especialistas y determinar si aún pueden salvar su edificio.
Desesperados, y en vista de que la ayuda no llega a casi siete meses del sismo que les arrebató su patrimonio y los obligó a modificar su estilo de vida, los vecinos afectados manifestaron que su futuro es incierto; ¿y cómo no lo va a ser?, si en verdad, al parecer, el asunto ha sido más negocio para unos cuantos vivales que ayuda para los necesitados.
Hay quienes, como el señor Jesús Alejandro Hernández, quien es cabeza de familia, padre de tres hijos, habitaba en el edificio 30-C, propiedad que le fue heredada por su mamá; sin embargo, para su desgracia, el edificio fue dictaminado como pérdida total, ya que, según los expertos, a partir del tercer piso presenta un hundimiento.
Por tal motivo, después del sismo tuvo que habitar en las casas prestadas por el gobierno chino, y sólo acuden él y los suyos al departamento para bañarse; y debe vivir bajo las inclemencias del tiempo y padecer consecuencias en su salud.
Pasan y pasan los días y la ayuda no le llega. Ha tenido que improvisar un lavadero en el área de juegos infantiles y todos los días sufren los miembros de la familia mientras se bañan uno por uno, temiendo que vuelva a temblar y se caiga su departamento.
Nadie los ayuda y, a consecuencia del sismo, el señor Hernández perdió su trabajo por tanto permiso que se vio forzado a pedir. Al ser el suyo un departamento saldado, y no contar con seguro contra riesgos naturales, no pudo aspirar a ningún apoyo y el Fonden ni siquiera lo censó, por lo que ahora le ha notificado “Unidos por Morelos” que será reubicado por el negocio de Beltrán Toto, que da sólo promesas. Y la verdad es que son muchos más los que están en igual situación.
Testimonio tras testimonio, un vecino comentó que, con el paso de los meses, se hacen más evidentes las fisuras en las paredes de su departamento, e inclusive aseguró que a partir del tercer piso las escaleras y pisos truenan.
Los damnificados del edificio 30-C manifestaron que contemplan realizar un estudio de escaneo como el que ya realizó un grupo de arquitectos a otro edificio dañado de la unidad habitacional. Sin embargo, el estudio tiene un costo de cinco mil pesos por edificio y al resto de sus vecinos ya no les interesa, pues algunos se mudaron, otros recibieron dinero del Infonavit y otros más consideran que ya no tiene remedio puesto que fue dictaminado como daño total.
A pesar de esto, ellos desean realizarlo. La desesperación se ve en sus rostros. Les propusieron demoler el edificio y construir mini casas dúplex; sin embargo, esta opción no la ven viable, ya que se requeriría de una gran inversión económica y el terreno es muy limitado.
Así están las cosas con la reconstrucción y, como no tenemos un Congreso independiente que supervise al ejecutivo, la impunidad está en su máxima expresión. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin

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