En el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local, que dará inicio el próximo 1º de febrero, el grupo parlamentario del PRD dará prioridad a la aprobación de la Reforma Política Electoral, que contendrá las reglas del proceso comicial de 2018, y desde luego se hará ya que es mayoría y los priistas y compañía –o sea todos los demás- están de rodillas ante los que les generan los recursos.
El coordinador del grupo parlamentario perredista y presidente de la Junta Política de la Cámara, Julio Espín Navarrete, precisó que la reforma político electoral se trabaja actualmente en la Mesa para la Reforma del Estado, y ya hay un avance importante, el cual nos gustaría conocer porque son capaces de acabar con la ya de por sí muy poca independencia del órgano electoral local, que desde que lo maneja el INE está peor que nunca.
Confió con toda certeza, sabiendo que están controlados –por no decir maiceados- que en las primeras sesiones del próximo periodo ordinario haya condiciones para la aprobación de la serie de reformas en materia electoral que se “estrenarán” en el proceso electoral de 2018, reformas que son de capital importancia, porque será a través de ellas que se llevará el proceso de cambio del Ejecutivo en el estado; habrá que ver, porque como los diputados casi todos están diplomados en el extranjero, la discusión ha de ser muy  profunda, pero lo importante es que no la hagan a su conveniencia, sino que tomen en cuenta a los ciudadanos para dichas reformas, pues al parecer las harán a modo para ver si así ganan lo más que puedan, lo que desde luego no será mucho.
Otro tema que para la bancada del PRD será prioridad, apuntó Julio Espín, es la municipalización de pueblos indígenas, iniciativa impulsada por su correligionario el diputado Javier Montes Rosales, la cual tiene como objetivo que diversas comunidades indígenas ‘pasen’ a ser municipios indígenas, lo que quizá no sería muy sano, ya que nos convertiríamos en el segundo Oaxaca, donde la atomización de los presupuestos ha dejado -de acuerdo a la experiencia- a la gente más pobre, pero como es una decisión del Ejecutivo, todos votarán a favor para ganarse una corta lana.
Dijo Espín tener confianza de que a más tardar a mediados de año (2017) se hayan regularizado las finanzas del Poder Legislativo, cosa que a todos nos incumbe y de la que los señores diputados no han informado para que sepamos quién fue el ratero y que responda a los cargos. ¿No cree usted?
TRAS LA CRISIS económica que se vive, abogados del Estado de Morelos exigieron a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) bajar los altos salarios y compensaciones de los funcionarios de impartición de justicia, así como los de los Consejeros de la Judicatura local.
El delegado de Cuautla del Foro Morelense de Abogados, Javier Alderete Vique, aseguró que las medidas que ha impuesto el Poder Judicial de la Federación (PJF) no han sido suficientes y que tienen que ver con el recorte de presupuesto a algunas áreas, por lo que consideró que es necesaria la disminución de los altos salarios que percibe cada uno de los funcionarios de primer nivel de los tres poderes de gobierno.
Todo eso está muy bien, pero cuando se critica hay que ser más específico y señalar cuáles salarios y de quiénes, cuánto les pagan, y cómo debe de hacerse el recorte, porque en las generalidades se pierde la intención.
El litigante dijo también que este tipo de propuestas sería un plan de “austeridad” adecuado e impuesto a todos los tribunales del Poder Judicial del país, con la intención de que no se recorten los presupuestos en las principales áreas de impartición de justicia.
“Es necesario el recorte de salario a los funcionarios del primer nivel, como son los consejeros de la Judicatura, diputados y magistrados, así como las dietas y gastos médicos; hasta el momento queda corto el plan de austeridad que pretende impulsar el Poder Judicial de la Federación, debiendo ir más a fondo y atacando los salarios excesivos e incluso los viajes, cenas, dietas”, expresó.
El experto en derecho penal exhortó a los diputados locales, autoridades del Ejecutivo y Judicial a “apretarse el cinturón” y evitar gastos indecorosos para evitar la vulneración de las arcas públicas. “Este es un llamado a todos los estados de la República para que se pueda llegar a dar un recorte de los altos gastos excesivos que realizan, o simplemente de aquellas dietas a que tienen acceso, ya que los ciudadanos comunes no contamos con ninguna compensación”.
La presidenta del TSJ en Morelos, María del Carmen Verónica Cuevas, aseguró que se realizarán diversos “ajustes” en las principales áreas del Poder Judicial; entre éstos se analizará la disminución del apoyo de “viáticos” para los magistrados adscritos a la región Oriente y Surponiente de Morelos. Cuevas López reiteró que deberían analizar la cuestión de la disminución de los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial, debido a que, de acuerdo con la Constitución Mexicana, es anticonstitucional dicha acción. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León /  [email protected] / Twitter: @teolavin

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