Me parecen insólitas las declaraciones del Gobierno del Estado en las que se dice que no puede otorgar al Impepac la cantidad de 121 millones de pesos que necesita para llevar a cabo este proceso electoral.
Es increíble ver las declaraciones oficiales cuando uno está consciente de que se tira el dinero de manera clara, como si fuera fuga de agua; nada más hay que ver la campañita esa “para hacernos sentir orgullosos de ser morelenses” arguyendo cosas según ellos tan importantes como el Museo de Arte Contemporáneo, algo que nadie se cree y menos siente suyo.
Para eso sí hay dinero, pero no lo hay para lo verdaderamente importante como es el proceso electoral. Hay para traer cantantes de segundo pelo para darle al pueblo pan y circo, pero no hay para que, de manera trasparente, se lleve a cabo el proceso electoral.
Mire usted lo que declaran: “El Gobierno del Estado no está en posibilidades de otorgar la ampliación presupuestal por 121 millones que solicita el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para la organización y operación de los comicios de este año”, así lo aseguró el secretario de Hacienda, con lo que se estaría comprometiendo la operación de consejos electorales distritales y municipales, y la contratación de 607 asistentes electorales responsables del manejo de siete mil 500 paquetes electorales, o sea que hay dinero para tirarlo en estupideces, pero no para la elección de los funcionarios que marca la Constitución.
El funcionario, con la prepotencia que lo caracteriza, indicó que se van a iniciar unas mesas de trabajo, en las cuales se analizará la información que el Impepac está planteando, se deberá hacer cálculos y, a partir de esa revisión, seguramente se tomará una determinación. Además, indicó que en esas mesas de revisión también participa el Congreso del Estado; sin embargo, señaló que es imposible otorgar los 121 millones de pesos que el Impepac solicita de ampliación presupuestal. “Lo que quieren, no; pero seguramente habrá de hacerse alguna asignación adicional”, dice.
Creo que lo que le pasa a ese sujeto es que no entiende que es obligación del estado proporcionar los medios para llevar a cabo la elección, esta es una de las razones por las que las instituciones electorales han perdido autonomía. ¿Cómo es posible que un miembro del ejecutivo decida eso?; ya sabemos que en este régimen no existe la división de poderes real, pero el asunto debería de ser una función del Congreso, sin intervención del ejecutivo, el que desde luego quiere jalar agua a su molino.
Morelenses, estemos pendientes, el gobierno estatal no debe meterse en la elección, su obligación es hacerse a un lado y dar los recursos que las instituciones electorales necesitan; si no, ¿dónde quedó la autonomía de los órganos electorales?
La creación de ello que fue el IEE, ahora Impepac, es de acuerdo con la Constitución General de la República; al crearse los denominados “órganos constitucionales autónomos” se puede entender a la luz del replanteamiento de la teoría clásica de la división de poderes, a la cual no debemos concebir como la separación rígida de funciones y atribuciones como otrora, sino como una distribución de facultades entre órganos del Estado, los cuales requieren de relaciones, controles e intervenciones recíprocas.
Existe coincidencia en que la teoría tradicional de división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo de los reyes, ya que, como es bien sabido, en el decurso de la historia el centro dominante de emanación del poder era el rey. Hoy en día, los poderes radican tanto en las instituciones como también en la sociedad, en los partidos políticos, en las organizaciones empresariales nacionales y transnacionales y medios de comunicación, entre otros. Como teoría es muy bonita, pero al depender económicamente de los gobiernos de los estados, lo único que ha sucedido es que se pierda autonomía.
Las razones por las que surgen dichos órganos son múltiples: enfrentar los defectos perniciosos de la partidocracia; especialización técnico-administrativa; cumplimiento de funciones que no deben estar sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado; y, en el caso de la materia electoral, la necesidad de contar con garantías de imparcialidad en los procesos comiciales, la cual no se cumple en Morelos debido al fuerte control que el gobierno estatal ejerce sobre los recursos, con los que ha controlado no sólo a los organismos electorales, sino al propio Congreso del Estado.
Así no hay elecciones limpias, los consejeros locales al parecer no están conscientes de ello y dependen de los consejeros nacionales; si es verdad que reciben línea de éstos, es gravísimo. La independencia y la imparcialidad del órgano electoral son fundamentales para tener una elección que satisfaga a todos. Pero, al parecer, no dejarán que la tengamos. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected]

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