Uno de los grandes problemas de las elecciones en nuestro país, y primordialmente en nuestro estado, es que se han vuelto cada vez más cuestión de dinero y de dónde sale ese dinero, a pesar de que las leyes mexicana y estatal le dan a los partidos políticos recursos para que sus militantes contiendan en las elecciones, pues la verdad es que el recurso que llega a los partidos políticos no se usa para las elecciones, ése se lo quedan los supuestos líderes y hay quienes no sólo no les dan el recurso correspondiente sus candidatos, sino que les cobran o les piden una cantidad por el cargo al que van a competir.
Así las cosas, la situación es que se va convirtiendo en una cadena de endeudamiento, por decirle de una manera, del recurso que desde luego quien compite, y con más razón quien gane, buscará recuperar a como dé lugar.
Aunado a ello existen los ricos que desde hace muchos años le invierten a los diferentes candidatos -algunos a todos- y así tienen garantizado no sólo un trato preferente, sino muchas veces, como ya lo hemos visto, impunidad completa. Y esto lo que trae consigo es la corrupción.
La reforma electoral de 1996 crea tanto los órganos electorales estatales como los institutos y, desde luego, los tribunales; y trata en el artículo 141 constitucional inciso H de que estos organismos sean formados por ciudadanos independientes. Exactamente igual que cuando se formaron éstos, al principio los partidos políticos y el propio gobierno estatal, engolosinado con el poder, no le dieron la importancia debida y quisieron ponerse “muy ciudadanos”, así se forman los órganos donde los tres partidos grandes siempre tienen mano para escoger, con la ventaja de que circunscriben los órganos electorales a los congresos de los estados, los que siempre han tenido la participación de los ejecutivos estatales (aunque en realidad no de la forma tan vergonzosa que ahora lo tienen en nuestro estado), así que en el principio, con el carácter de muchos de los iniciadores de las primeras autoridades electorales libres, se tenía una autonomía, que si bien no era total se podía mantener fuera de la intervención del gobierno estatal en turno.
Ahora nos encontramos con una situación verdaderamente grave, ya que en el régimen pasado se les quitó una facultad a los consejos electorales en Morelos, el de que el presupuesto del mismo se negociara con el poder legislativo para que ahora lo determine el poder ejecutivo y, a decir verdad, esto le ha quitado a los órganos electorales la independencia que tenían y ha permitido que, una vez más, el gobierno haga lo que quiere y se convierta en el patrón de los órganos electorales que pierden así toda independencia.
El problema de los recursos del Tribunal Electoral del Estado es el que tiene en ese fundamento y es una vergüenza que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga que intervenir para que se den los recursos que necesita para la etapa jurisdiccional del proceso. Ayer el Tribunal Federal le pidió al ejecutivo local que entregue los 17 millones que requiere el tribunal y no los siete que quiere éste dar.
Todo esto se hace en una farsa en la que supuestamente los diputados intervienen, pero que -como todos sabemos- son incondicionales y peor que focas amaestradas: sólo hacen lo que el ejecutivo quiere. Y en esta ocasión se tendrá que resolver en primera instancia las inconformidades contra el ex alcalde de Cuernavaca, pues el partido en el poder y sus aliados quieren que se dé marcha atrás sacándolo de la jugada.
Esa es la verdadera razón de tantos dimes y diretes, y lo que no se vale es que utilicen la elección para sus problemas políticos personales. Desde el luego, también habría que investigar esa famosa reunión de los consejeros locales del Impepac con el consejero Baños para que éste les diera instrucciones de aprobar el registro, cosa que también está muy mal hecha y nos dice que la imparcialidad de los órganos electorales es cada día más débil; por eso, aquí el Congreso no le quiere dar al tribunal el dinero, para poderlo manipular, aunque ya el tribunal electoral local señaló como insuficientes los siete millones que pretenden los diputados locales entregarle al Tribunal Estatal Electoral (TEE), en virtud de que la solicitud de ampliación fue por 17 millones de pesos, según calificó el magistrado presidente, quien resaltó que estas elecciones son atípicas y competidas, por lo que vislumbran acciones por figuras como la elección a la gubernatura, congreso, ayuntamientos y la reelección, así como la distritación, paridad de género y las candidaturas independientes, en lo que tienen razón, pero esa no es toda la verdad.
Lo que está en juego es la ratificación del acuerdo del Consejo Estatal Electoral y eso es lo que quieren parar; y existen vías legales para hacerlo, pero están acostumbrados a la impunidad y corrupción que ha caracterizado al régimen donde todos se agachan y se callan, como lo hacen sistemáticamente los diputados. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin

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