El pasado lunes, en una ceremonia en el Congreso del Estado, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cincuenta universidades particulares de la entidad, a través del cual se buscará que ningún estudiante que quiera y tenga los requisitos mínimos para estudiar su educación superior en el estado se quede sin poder cumplir con su preparación profesional.

A pesar de que no se le ha dado la verdadera dimensión a este convenio, su importancia es fundamental, ya que la mejor manera de iniciar un proceso de limpieza de la matriz de violencia del narcotráfico que padecemos en Morelos es a través de darle educación a los jóvenes, que estudien en lugar de dedicarse al narcotráfico.

Desgraciadamente, la autoridad municipal no ha querido poner en orden a todos los antros que funcionan como cervecerías en todo los suburbios de la ciudad, así como en Alta Vista en la franja pegada a Jiutepec y en la parte norte de Chamilpa Ocotepec y Ahuatepec, donde siguen funcionando emborrachadurías y distribuidores de todo, para no meterse -según ellos- con los usos y costumbres, lo que es una farsa.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le da a los ayuntamientos y a los estados la responsabilidad de ser los garantes de la seguridad, y siendo la ley de leyes no deben inventar pretextos echándole a culpa a los usos y costumbres para no entrarle al toro de acabar con todos los antros que funcionan sin licencia y, lo que es peor, en la más grande impunidad.

La mediocridad de las determinaciones que están convirtiendo al centro y los alrededores de Cuernavaca en una zona de tolerancia disfrazada es algo que cada día es más visible. Circule por el centro de la ciudad y será testigo de tamborazos hasta altas horas de la noche en antros con protección oficial con total descaro, como los de la Calle de Lerdo de Tejada, a menos de cien metros de una escuela y detrás de un hospital.

El cinismo de quienes se dicen funcionarios, o lo son por haber sido electos pero no cumplen con su función, es algo verdaderamente trascendente; de ahí la importancia del convenio firmado el pasado lunes, que desde luego tendrá un efecto light porque la autoridad no pone orden y, al parecer, tiene miedo, o peor aún, está de acuerdo con la delincuencia. Es ya demasiado sospechoso que nada hagan, porque el desorden y la violencia en la capital y en el estado aumentan considerablemente, y no lo vamos a resolver pidiéndole a Dios que lo resuelva; es necesario atacar las causas y una de las aristas es la educación.

Ahora valdría la pena que se atacaran las demás aristas para verdaderamente acabar con esta inseguridad en la que vivimos a diario. Ya es imposible salir de noche, porque las calles se convierten en desiertos sin tránsito, excepto de los que algo tienen que ver con la delincuencia. La estrategia, viéndolo desde el punto de vista del convenio no es mala, pero no es suficiente; es necesario atacar las otras aristas para que dé resultados. La educación superior en el estado ha crecido y ahora, con la nueva administración de la UAEM, ha empezado a ordenarse para consolidarse como una de las mejores universidades públicas del país, lo que es verdaderamente importante; ahora sólo falta que el gobierno le entre de frente al problema y ponga orden, ya que sin orden la seguridad no se dará a pesar de que cada día se tire más dinero en la seguridad.

El Ejecutivo del Estado señaló en la firma del convenio que Graco Ramírez “va a caer ” y enfrentará la justicia. “Va a caer. Yo se los garantizo -dijo a los reporteros-. Va a haber justicia; si no, les voy decir quién lo está apoyando. Va a haber justicia”.

Esto, luego de la reaparición del ex gobernador de Morelos en el estado de Baja California, donde minimizó las más de 50 denuncias que ha interpuesto el gobierno de Blanco Bravo contra él y los ex integrantes de su gabinete.

En la entrevista con reporteros de aquel estado, el perredista respondió de manera sarcástica que no existen evidencias sobre las denuncias que hay en su contra en la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por diversos delitos, sobre desvío de recursos, peculado y uso indebido del poder.

Pero en respuesta el Gobernador Blanco Bravo garantizó que su antecesor “va a caer, tarde que temprano“, y advirtió que, de lo contrario, difundiría quién sigue protegiéndolo para evitar que sea enjuiciado.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha presentado 57 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero sólo han sido judicializadas 11 y se ha vinculado a proceso a dos ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por desvío de cinco millones de pesos.

Pero sólo se ha detenido al ex Director de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte por el delito abusivo del servicio público, al vender permisos de circulación para rutas y taxis a través de engaños y con la promesa de que regularizarían las unidades.

Esperamos que así sea, pero como nos hemos dado cuenta a través de estos meses, la Fiscalía Anticorrupción no sirve, así que fácil, fácil, no está. ¿No cree usted?

 

Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin