Cuando se llega a un cargo público hay varias maneras de abusar del poder, pero lo más grave es la impunidad que el propio poder les da a sus cercanos, tanto en la administración pública como en el afecto personal, la que desde luego trae consecuencias tan importantes como el inicio del vínculo de la corrupción.
¿Me preguntarían que cómo es eso?, pues si la corrupción crece y se desarrolla es gracias a que existe desde su base la impunidad; si la impunidad no existiera, el 80% de los problemas de corrupción no existiría, porque habría la posibilidad de que aquél que comete un delito pagara por él, pero la impunidad le da la facilidad de estar seguro de que sea el delito que sea no necesitará pagar por él.
Y así se inicia el cáncer que todos los días vemos crecer en los gobiernos de nuestro alrededor y que nos llena de desesperación; ver que roban de una manera tan descarada y que no exista alguien que ponga un alto y los haga pagar por el robo a la sociedad.
Se hacen muchos escándalos, pero en realidad no hacen nada para que quienes delinquen paguen de una manera u otra por lo que hicieron; aunque, siéndole sincero, sería importante que no sólo pagaran con cárcel, sino que devolvieran los recursos que se llevaron, y de eso está muy lejos la sociedad en que vivimos.
Pero, como siempre, existen cosas buenas como el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que ordena a la Cámara de Diputados que se regule y reglamente a través de una ley la publicidad oficial, a más tardar el último día de abril de  2018.
Esta será la segunda vez que se lleve a cabo una solicitud de este tipo y, desde luego, la mayoría de los partidos políticos no deja pasar esa ley pues no les conviene que se regule una fuente de impunidad en el gasto de los gobiernos. La primera vez debería de haberse cumplido el 30 de abril de 2014, pero el Congreso de la Unión se hizo como que la Virgen le habla y no cumplió con el resolutivo de la Corte.
Como siempre, una organización civil, o sea los ciudadanos que se dedican a la defensa de la libertad de expresión, promovió un amparo en contra de la omisión del Congreso de dar cumplimiento al mandato constitucional.

De este amparo, el Juez de Distrito que conoció de la demanda decidió no entrar al estudio del caso porque estimó que se trataba de un asunto sobre materia electoral, y porque de ordenar legislar, se beneficiaría a todos los ciudadanos, lo que resultaría contrario al principio de relatividad, ya que las sentencias de amparo sólo deben beneficiar a quien promovió el juicio. Artículo 19 combatió esa sentencia y la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el asunto.

Creando un verdadero problema legal, el ministro ponente propuso que el asunto sí se podía estudiar a través del juicio de amparo, y argumentó que a través de la demanda de garantías se pueden proteger derechos fundamentales, derechos que, al no ser estrictamente individuales, involucran a más personas, por lo que sería imposible protegerlos sin beneficiar a personas ajenas al juicio. Por ello, consideró que se debía reinterpretar el principio de relatividad para que sea compatible con el fin del juicio de amparo, que es la protección de todos los derechos fundamentales.
Desde luego que una de las bases es la ausencia de regulación en publicidad oficial, la que propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión, tal y como lo vimos el día de ayer donde “Morelos rinde cuentas” nos da los datos de cómo no se respeta el presupuesto oficial y cómo se utiliza el recurso del estado en los gastos de publicidad que solo benefician al ejecutivo y no al estado; estos fueron los argumentos por los que la Primera Sala concedió el amparo para el efecto de que el Congreso de la Unión emita una ley que regule la publicidad oficial, y con ello cumpla con la obligación establecida en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014.

Lo importante de esto es que se trata de una manera de poner orden y, sobre todo, de no permitir que se sigan violando los derechos de los ciudadanos gastando dinero en una publicidad que nadie cree y a nadie le gusta. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León /  [email protected] / Twitter: @teolavin