Después de escuchar discursos y más discursos sobre lo que se robaron los funcionarios del régimen anterior y de declaraciones alegres que no han concretado realmente nada, pues ninguno de ellos está en la cárcel; por ejemplo los de Sedatu que les prometían a los damnificados las tarjetas, les sacaban las firmas en las comunidades que tuvieron problemas por el sismo y, más adelante, se escondían, se quedaron con las tarjetas y funcionarios federales cobraron el dinero sin darles nada a los que sufrieron los daños por el terremoto. Que poca tienen, pero lo impresionante es que nadie hace nada y los rateros que explotaron a esos damnificados están gastándose el dinero que se robaron como la fresca lechuga, mientras el gobierno acusa cada vez que puede pero no parece hacer nada.
Sólo vea el tiempo que tiene el Congreso diciendo que haría juicio político a Graco Ramírez, ¿y qué ha pasado?... Nada. Son puro pájaro nalgón (como se dice popularmente) y nada más declaran y declaran, pero en los hechos no tienen nada; o si presentan algo, lo hacen tan mal que pierden el caso. Si de por sí el Fiscal Anticorrupción es hijo de Graco, lo que no permite que pase nada, desde luego. Es que los asesores que nos cuestan millones al año a los contribuyentes no sirven y no mandan las denuncias con verdaderas pruebas que no se puedan refutar.
Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que una juez federal desestimó intenciones de la ex Secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, y otros cuatro exfuncionarios, sobre que la investigación en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público fuera atraído al orden federal; esto respecto a la planta valorizadora de residuos sólidos ubicada en el “El Zarco”, Yautepec, por la cual se pagaron más de 13 millones 800 mil pesos.
Semanas atrás, los abogados de la mencionada ex Secretaria de Obras Públicas en la pasada administración, así como los de Lucero Campos Mercado, ex Directora de Infraestructura, dos ex subsecretarios y un ex supervisor de obra, acudieron ante la justicia federal con la intención de que la investigación contra sus clientes fuese atraída, dejando inhabilitado al poder judicial estatal y desestimando las indagaciones de las autoridades locales.
Lo anterior bajo el argumento de que los recursos destinados para dicha obra, que se pagó en su totalidad aun cuando se encontraba inconclusa, fueron de origen “federal”. Sin embargo, Ana Luisa Beltrán González, Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cuernavaca, dictaminó que las investigaciones debían continuar en los juzgados estatales.
Esta información, la cual fue emitida desde las oficinas del titular de Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE), señala lo siguiente:
“El Poder Judicial de la Federación otorgó la razón a la Fiscalía Anticorrupción, al rechazar la petición de incompetencia por inhibitoria que interpusieron los abogados de cinco ex funcionarios vinculados a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público…”
La oficina de Salazar Núñez aclaró que el delito por el que se encuentran vinculados a proceso los arriba señalados es “ejercicio indebido del servicio público”, esto “porque fueron omisos en su actuar como funcionarios públicos estatales, causando afectaciones a los ciudadanos y al Gobierno de Morelos”, según el comunicado.
Dicha omisión, en perjuicio de la sociedad y el estado morelense, resultó en que “se pagó a la empresa constructora el total del costo de la obra, más de 13 millones 800 mil pesos, misma que fue entregada con sólo un 40% de avance y nunca se logró su funcionamiento”.
Por los motivos expuestos arriba es que la autoridad federal, Luisa Beltrán, desechó la petición de la defensa de cinco de las siete personas vinculadas a proceso, y especificó que el asunto derivado de la carpeta FECC/150/2018, relacionada con la causa penal JC/697/2019, habrá de continuar debatiéndose en los juzgados locales.
Esto significa un fuerte revés a los ex funcionarios, quienes ya habrían intentado deslindarse de las acusaciones y las investigaciones en su contra, esto sin tener éxito hasta el momento.
Creo que sería verdaderamente importante que se buscara denunciar y encarcelar a los rateros que se aprovecharon de la emergencia que produjo el temblor, porque creo que los peores delincuentes que puede haber son los que aprovecharon la necesidad de los ciudadanos que perdieron todo por un fenómeno natural. En serio que ésos no tienen madre, son de un cínico que es verdaderamente increíble los que se aprovecharon de la desgracia; como la propia Presidenta del DIF, que ya se quería quedar con las despensas y la ayuda que enviaron de todas partes del país. Ésos son los que deberían en primer termino estar en la cárcel, pero los ve uno tan cínicos circulando, hablando y criticando al nuevo gobierno. En serio, este es un país donde la justicia no existe, o al menos no la vemos. ¿No cree usted?
Teodoro Lavín León
lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin