Según información difundida por el Instituto Nacional Electoral, al parecer se ha iniciado una investigación acerca del ya famoso contrato millonario por el que los Yáñez dicen haberle pagado 7 millones de pesos al ahora alcalde de Cuernavaca, para que participara como candidato del Partido Social Demócrata local, en la pasada elección, el mes de junio de 2015.
Cabe señalar que el alcalde en funciones ha rechazado dicha afirmación de su ex secretario general del H. Ayuntamiento, diciendo que su firma es una falsificación.
Así mismo, el ex secretario gubernamental y su hermano el diputado plurinominal, señalan que cuentan con los recibos firmados por la entrega de los diferentes pagos para cubrir los 7 millones.
El escándalo que se ha hecho en la capital morelense, al conocerse la nota periodística, en la cual se exhibió el contrato millonario y la firma se comparó con la credencial de elector de Blanco Bravo, en televisión nacional ha tomado proporciones nacionales, porque desde luego que si esto es cierto sería una burla a la ciudadanía de Cuernavaca; además se deberá de analizar si es válida la entrega de prerrogativas que el partido recibe por los resultados de la pasada elección o se le suspenden sus privilegios; y hay que ver también si es válida la diputación plurinominal del hermano del ex secretario del H. Ayuntamiento y si “a toro pasado” el futbolista podrá seguir ejerciendo el cargo.
El contrato de la vergüenza, como ahora le llaman en Cuernavaca, también está firmado por el representante del futbolista y ahora funcionario del H. Ayuntamiento, por lo que el peritaje de caligrafía puede hacerse de manera clara y contundente; y desde luego que si lo firmó el representante, el alcalde tenía conocimiento de él. Así que la cosa está verdaderamente complicada para los funcionarios municipales.
Desde luego hay que decirlo: se afirma que los Yáñez están contentos y esperan que renuncie al alcalde para poner al suplente, que según se dice es un incondicional de ellos y que así regresarían al control del ayuntamiento.
En serio, qué mala suerte tenemos y qué mal nos va en Morelos, y principalmente en Cuernavaca. ¿Cómo es posible que se repartan un cargo de elección popular como si fuera un botín de guerra o de un robo (creo que este último concepto sería el más apropiado); pero esperemos que la autoridad federal electoral haga algo y, por lo pronto, la autoridad local no ha dicho esta boca es mía. Y como ahora el asunto depende de la autoridad electoral federal, estaremos a la espera de ver qué dicen o en qué quedan en México. Si es cierto el problema, los ciudadanos exigimos que se tomen medidas en contra de los que sean los responsables y que esas medidas sean contra el alcalde y contra el partido político, porque no se debe usar un partido político para hacer ese tipo de negocios, como lo han hecho en el PSD morelense. Es una verdadera burla para los ciudadanos cuernavacenses.
Queremos que se tomen medidas para que no nos vuelvan a engañar. El famoso contrato era algo de lo que todos habíamos oído hablar y que se repetía de café en café, pero que éste sea cierto es verdaderamente un acto de la completa pérdida de la ética, y los ciudadanos no queremos que se quede como está; así que el problema se encuentra en la cancha del INE y esperemos resuelva algo con lo que los ciudadanos le podamos dar las gracias y creer en ellos, porque en verdad la pérdida de credibilidad de las autoridades electorales ha ido creciendo de manera exponencial. Aquí hay un buen momento para que demuestren los consejeros nacionales que no se van a burlar de los ciudadanos morelenses. ¿No cree usted?  
OTRA NOTICIA que no se ha tocado, pero que es de fundamental importancia, es que los abogados morelenses se han puesto las pilas y enviaron una controversia constitucional, en la cual demuestran que la nueva Ley de Participación Ciudadana aprobada por la actual Legislatura  es anticonstitucional, ya que nos quita derechos que los morelenses ya teníamos adquiridos; y que desde luego no es justo que una legislatura corrupta como la que tenemos haga este tipo de  aprobaciones fuera de toda ley.
Por principio ya se autorizó la recepción del documento de los abogados morelenses y hay que estar muy pendientes de que no se compre a los miembros de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la misma manera que ha comprado el gobierno estatal a los diputados.
Si la corte le ordena al Congreso cumplir con la ley que derogaron, y que nombre el Consejo de Participación Ciudadana, aunque lo pongan de manera  amañada como acostumbran, podría haber entonces sí la manera de llevar a cabo un proceso de revocación de mandato legal.
Así que no todo se ha dicho y aquí será importante la participación del presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional y de los senadores; los locales no cuentan porque son demasiado lambiscones y no tienen ni idea de lo que es la ética política. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin