La aprobación del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, después de 42 días de retraso, en un ejemplo grave de lo mal que trabaja el legislativo en el estado, pero no sólo eso, está también el que se presten a revisar el más importante problema social del estado, que es la seguridad. Es un asunto que el Comisionado de Seguridad debería de arreglar y no ir a quejarse con el legislativo de una manera tan torpe.
En primer término, la comparecencia del Comisionado de Seguridad es algo muy importante en estos momentos por la situación tan grave que vivimos y lo que no se entiende es ¿por qué los diputados se escondieron y no permitieron a los medios de comunicación estar pendientes?
¿Por qué tenía que ser a escondidas de la opinión pública, si verdaderamente están trabajando en favor del estado y no tienen nada oculto?, ¿por qué se esconden?
Son preguntas que nos dan una dimensión de las porquerías que en lo obscurito hacen los legisladores; y no puede ser que no lo hagan a la vista de todos, como es su obligación.
¿Por qué de repente aprueban por unanimidad el presupuesto, si ni siquiera lo discutieron?, ¿les llegaron al precio? ¿O qué sucedió?
Las notas, en lugar de centrarse en los pésimos resultados que ha habido en la seguridad en el estado, se dedican a culpar a otros. ¿Los diputados están coludidos entonces con el Comisionado de Seguridad?, me preguntó. Eso es lo que parece, ¿o cual de los grupos de poder que se han formado en el estado es el que los controla?
Mire usted la estupidez, pues si lo que quieren es atacar a otros, hay otras maneras mucho más limpias de hacerlo y no ser tan obvios y descarados o vendidos.
¿Qué tiene que ver el Congreso en la administración central del ejecutivo?, ¿o es una manera de expiar la culpa del ataque y los legisladores son tan sucios que se prestan a ello?
De esta forma concluyeron los legisladores integrantes de la comisión de seguridad, así como José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la CES, dentro del acto de comparecencia de este último en una sede alterna, en Cataluña 25, al norte de la capital.
Como podemos ver, ni a cual ir. ¿Quién es más tonto?, ¿o nos quieren seguir viendo la cara?
Si son tan ignorantes, que renuncien, porque de legisladores no tienen nada ni saben nada, y el dinero que mensualmente pagamos los morelenses por sus asesores es dinero tirado a la calle, ¿o es mala leche de su parte y están vendidos?, ¿y a quién?
El congresista Marcos Zapotitla Becerro, presidente del órgano colegiado antes descrito, enlistó las deficiencias en la materia, según él se trata de una “gravedad de omisiones, que se ven reflejadas en la operatividad”. No se pagó un contrato a Telmex, lo cual fue en detrimento de 600 cámaras de video y los policías no poseen chalecos y uniformes.
En su intervención, Ortiz Guarneros disertó en torno al déficit con que opera; verbigracia, expuso que durante un año no se recibió apoyo para resarcir el deterioro de los aparatos de video-vigilancia. El sistema cuenta con 600 filmadoras; de éstas, 247 están “fuera de servicio; las están reparando”. (Si se hace un pago anticipado a la empresa de telefonía, ésta ofrece 400 más que podrían instalarse en los ocho municipios que tienen alerta de violencia de género). No obstante, el adeudo se traduce en 27 millones de pesos.
¿Por qué se queja el comisionado ante el Congreso?
Pero Zapotitla Becerro hizo un llamado a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General, a fin de que se establezcan mejores mecanismos de coordinación. El 90 por ciento del personal de combate al secuestro está adscrito a la CES y no tiene infraestructura.
De esta forma, el fiscal posee el “presupuesto suficiente” para “cubrir” los procesos de operatividad. Sin embargo, el incremento de la criminalidad da cuenta de lo contrario. Desde ese ámbito hay omisiones también y se carece de una “sinergia institucional”. La realidad evidencia otros “hechos”: reproducción del escenario violento.
Dicen (¿quién sabe si sea verdad porque quién les cree?) que durante tres horas trataron sobre asuntos como la crisis penitenciaria; las posibles soluciones entre agentes policiacos y grupos de plagiarios; y el cierre de establecimientos comerciales (a causa del denominado “derecho de piso”), entre otros. Sobre la misma línea, existe un centro general de arraigo que “no funciona”, adujo el parlamentario. Tiene una capacidad para mil 100 personas, en donde podría tener cabida un número similar de reos, con el objetivo de solucionar la sobrepoblación carcelaria.
Eso dicen, a ver quién les cree; el esconderse es como dice mi amigo Paco Guerrero, en su comentario de ayer, una traición de los diputados a los morelenses. ¿No cree usted?
Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin