Esta semana una amiga me contó esta historia que es suya y no mía, pero creo que sí de todos. Me contó lo siguiente: “Recibí la visita de un amigo que se acercó a preguntarme qué hacer, ya que le habían vaciado la casa en plena ciudad de Cuernavaca a las 3 de la tarde, en sólo dos horas que tardó en ir al súper”. Con angustia me narró que habían entrado a robar a su casa, acudió a las autoridades como cualquier persona, incluso hizo parte de la investigación como muchos ciudadanos, y logró que se identificara y encontrara al presunto delincuente; llegó el día de su audiencia, pero ella estaba muy nerviosa por estar en la misma sala que el sujeto que violó la privacidad de su hogar, y se sintió frustrada cuando supo que el individuo llevaría su proceso en libertad, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal. Entonces le dije que nos avocáramos a la reparación del daño, y por supuesto me conmovió cuando me dijo “¿Como cuánto vale mi tranquilidad y la de mi familia?”. Pensé: “esta es la historia de muchos mexicanos” que en mi experiencia vivimos a veces con frustración y otras ya pocas con satisfacción.
En los últimos meses, en muchas partes del país se han presentado distintos episodios donde la población ha tomado o intentado tomar justicia por su propia mano. Se trata de episodios de linchamiento o de personas que por sí solas han reaccionado violentamente tras ser víctimas de un delito; esto como consecuencia de la impunidad y desconfianza que existe hacia las instituciones de seguridad y de justicia de nuestro país, como lo reflejan los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, que dio a conocer que 93.7% de los delitos cometidos en México no se denuncian.
Bajo ese contexto, el senador panista Jorge Luis Preciado presentó una iniciativa de reforma constitucional para permitir que los mexicanos porten armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios, propuesta absurda pues el problema principal no radica en defenderse ante un robo o asalto disparando un arma contra el agresor, bajo el argumento de la legítima defensa, para cometer incluso un homicidio.
Es absurdo porque ha quedado claro que una de las debilidades de nuestro sistema de justicia es la fase de investigación, en ese sentido, el nuevo Sistema de Justicia Penal tiene un objetivo claro: recuperar la confianza de la ciudadanía eliminando las deficiencias y erradicando la corrupción, la que ha alimentado la impunidad y en muchos casos propició que personas culpables quedaran libres y que inocentes fueran encarcelados.
Con el mismo propósito, se eliminó la presunción de culpabilidad por el de presunción de inocencia; esto es, que ahora una persona pueda enfrentar un juicio sin que sea privada de su libertad, salvo que exista el temor fundado de que pudiera huir.
Esta medida contrasta con la intención de la gente de querer ver a los presuntos delincuentes tras las rejas; no obstante, el sistema penitenciario también ha demostrado su ineficacia, pues en la mayoría de los casos no logra la reinserción social de los presos, entre otras causas por las condiciones de hacinamiento que en muchos casos ha propiciado que los penales se conviertan en universidades del crimen.
Sé que es muy difícil que en un escenario de encono y de búsqueda de culpables se valore lo realizado; sin embargo, en una sociedad que quiere que las cosas mejoren es importante reconocer que se han impulsado importantes reformas estructurales, no sólo en materia educativa, económica, fiscal y electoral, sino también en materia de acceso a la justicia.
Con la participación de académicos y expertos se construyó una propuesta de justicia cotidiana que, entre otras cosas, propone que en todo el país haya jueces itinerantes; es decir, jueces que acudan a donde se generan los problemas para resolverlos; que solucionemos nuestros conflictos de forma amigable a través de una instancia especializada de alto nivel que brinde servicios de conciliación y mediación; y que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje en materia laboral sean independientes y resuelvan los problemas de los trabajadores de forma más rápida y bajo la figura de un auténtico juez.
“No omito que, como todo cambio estructural, estas reformas han enfrentado resistencias –dice el senador-. Por cuanto hace a la parte legislativa, los senadores y diputados las hemos aprobado, incluso el viernes pasado votamos a favor la reforma de justicia laboral que he mencionado”.
Sin embargo, de nada sirve ninguna iniciativa -por transformadora que ésta sea- si las partes que conforman el Estado mexicano no hacen lo que les corresponde. Afortunadamente, hoy no sólo el Estado tiene órganos autónomos para medir los avances en esta y otras materias, la sociedad civil también lo hace, pues ha sido parte importante de los mismos, lo que permite que la ciudadanía pueda revisar los avances de cada estado de la República en materia de justicia, seguridad y derechos humanos.
Los problemas no se arreglan por decreto y, en materia de impunidad, corrupción y respeto a los derechos humanos, todos tenemos algo que hacer si queremos que las cosas cambien. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin

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