Diputados integrantes de la LIII Legislatura aprobaron, la madrugada de este domingo, las jubilaciones de funcionarios del gobierno estatal, o de la “clase dorada” que nos impusieron, con una deuda de diez mil millones de pesos; de la misma manera que -según ellos- trabajaron sólo cumpliendo orden del ejecutivo, la peor legislatura de la historia una vez más hizo de la suyas.
El dictamen fue aprobado en lo general con 19 votos a favor y cinco en contra, tres de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, uno del diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales y otro del diputado Jesús Escamilla Casarrubias.
Fueron jubilados Jorge Michel Luna, actual Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado; Francisco Velázquez Adán, ex Director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y actual funcionario del ejecutivo estatal; Denya Flores Rendón, esposa del diputado Francisco Navarrete Conde, y Beatriz Ramírez Velázquez, titular de la Secretaría de Educación local.
El legislador del Partido Encuentro Social, Efraín Esaú Mondragón Corrales, pidió reservar el proceso jubilatorio, y se sometió a la discusión en lo particular de cada uno de los dictámenes; sin embargo, su propuesta fue mayoriteada y las jubilaciones fueron aprobadas por los cínicos vendidos de siempre.
Cabe agregar que la sesión ordinaria del Pleno comenzó pasadas las 21:00 horas de este sábado en lo obscurito, como acostumbran hacer sus porquerías, y fue la continuación de la que comenzó desde el pasado 12 de julio, que ha sido retomada por lo menos en dos ocasiones para no tener que llamar oficialmente a una nueva sesión.
Debe quedar claro que el diputado independiente -antes del Partido Nueva Alianza- Francisco Santillán Arredondo pidió licencia definitiva para separarse del cargo de legislador, tomando protesta su suplente Ulises Vargas Estrada.
Los empresarios morelenses están verdaderamente molestos y señalan que las reformas recientes al Presupuesto de Egresos del 2018 son un albazo contra la sociedad, uno más de los que esta legislatura ha hecho durante sus vergonzosos tres años; tendrán que buscárseles las responsabilidades porque, si será cierto que no habrá impunidad, hay que aplicarles el resultado de sus acciones, pero son tan cínicos que ahora suspenden legisladores partidas financieras para la promoción turística y el fomento económico; pero, eso sí, se reparten dinero en jubilaciones y no han transparentado nada durante los tres años de su gestión.
De modo que los empresarios del estado están molestos, lastimados e indignados a consecuencia de la reciente modificación al Presupuesto de Egresos 2018, que fue aprobada por el Congreso, para incrementar los recursos financieros de la Fiscalía General del Estado: de 370.3 millones pesos a 784.5 (es decir, 414.2 millones más), lo que en verdad molestó a los empresarios. Entre otros líderes empresariales, Antonio Sánchez Purón, Ángel Adame Jiménez y Jorge Mátar, calificaron estas reformas como un “albazo” y un signo de perfidia contra la población morelense, porque no tomaron en cuenta su anuencia ni su postura, como no han tomado durante los tres años la opinión de los ciudadanos.
Una de las reformas que más molestó a los empresarios de la reforma consiste en la suspensión de partidas financieras a la promoción turística y al fomento económico, ahora cancelando fondos cuyos recursos eran destinados a los municipios porque era necesario, según los legisladores, pero la verdad es que tratan de desviar dinero y necesitaríamos investigar para qué lo quieren, porque son tan mañosos que son dignos de ser uno de los mayores ejemplos de corrupción del régimen. A ver si los nuevos funcionarios que toman posesión el primero de octubre siguen la pista, para saber a ciencia cierta para dónde desviaron ese dinero.
Se abrogaron, en específico, los fideicomisos de Turismo (Fitur) y de Competitividad y Fomento al Empleo (Fidecom), así como los de Atención de la Infraestructura Municipal, para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, dotados de las siguientes cifras: 42.8, 160, 160 y 25 millones de pesos, respectivamente, en el Presupuesto de Egresos 2018.
Adame Jiménez, de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados, visiblemente molesto, dijo que indiscutiblemente esta acción se trató de un “madruguete”.
Luego de dos reuniones sostenidas entre ambos grupos, empresarios y legisladores, éstos emitieron un exhorto en el pleno, dirigido al Poder Ejecutivo para que postergue la publicación de la reforma en el Diario Oficial del estado. No obstante, esta medida no satisfizo a los empresarios, quienes recurrirán a otros mecanismos de defensa, como el juicio de amparo.
El diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla Casarrubias, fiel a su estilo, llamando “bandido y ratero” a Graco Ramírez, gobernador de la entidad, ofreció disculpas a los líderes por haber votado a favor sin conocimiento integral de causa, como lo hicieron los otros 20 representantes populares.
¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin

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