Después de la reforma de 1990, los que iniciamos el Instituto Federal Electoral en ese año y enfrentamos por primera vez el reto de hacer una elección intermedia pero nacional, logramos un cometido histórico que derivó en la nueva reforma electoral, en la que la ciudadanización de los órganos electorales se dio de manera más práctica. Si bien es cierto que intervinieron los partidos políticos, la verdad es que, por estar engolosinados por sus candidaturas, los partidos no supieron o no valoraron en un principio la importancia de lo que iniciarían teniendo las instituciones electorales.
Después de esa primera elección, que me tocó hacer en el Primer Distrito Electoral Federal, que fue una de las pocas elecciones en el país en las que no se impugnaron sus resultados, en 1996 se crearon, por una modificación a la Constitución en su artículo 141 en su fracción F, instituciones estatales autónomas y ciudadanizadas. Los partidos metieron su cuchara y los consejeros fueron nombrados por los congresos de los estados, en los cuales los gobernadores tenían mano, pero desde luego no eran legislaturas entregadas al servicio del ejecutivo, como lo han sido estas dos últimas en Morelos.
El orden era claro y la ley también, los organismos autónomos eran organismos que determinaban su presupuesto y directamente se agregaba al del ejecutivo del estado, sin la opinión del mismo; era un trabajo del año anterior a la elección, pues el presupuesto salía el año anterior y al ejecutivo no le tocaba más que cumplir con las ministraciones que ordenaba el Congreso; eso en verdad, si no era absoluta, sí le daba autonomía al órgano electoral, con los problemas naturales de trabajar con ciudadanos sin un verdadero conocimiento de la materia electoral.
Se iniciaron los trabajos y quizá una de las grandes luchas de esos primeros consejos estatales electorales fue el mantener la autonomía respecto a los ejecutivos estatales, que estaban acostumbrados a meter la mano en la elección. Y quiero decir que así son todos; no importa del partido que vengan, todos quieren ver si se pueden dar una ayudadita con el órgano electoral.
Así las cosas, la defensa de la independencia se dio fuerte y logramos, después de crear el Instituto Estatal Electoral, devolver al Municipio de Tepoztlán a la constitucionalidad que se había perdido por la mala operación del ejecutivo del estado y sus empleados, los que -por cierto- ahora quieren ser autoridades.
Por primera vez se dio la alternancia en Morelos en la mayoría de los municipios del estado, y en Cuernavaca ganó por 300 votos Acción Nacional; en Yautepec se ganó por un voto y por tres en Temoac sin problemas post electorales, pero tenemos que reconocer que los ciudadanos morelenses, entusiasmados por el cambio, participaron como funcionarios de casilla con un 97% de respuesta; o sea que sólo el tres por ciento rechazó ser funcionario de casilla.
Desde luego, este resultado le dio un cambio drástico a la conformación política del estado y, por supuesto, al propio Congreso.
Pero las cosas salieron bien porque se hacían en orden, no como ahora lo estamos viendo; el presupuesto se aplicaba desde al año anterior, en el que se solicitaba la partida para el inicio del proceso y la creación de los órganos municipales y distritales, y durante el año de la elección nada más se aplicaba lo ya aprobado; ahora es un verdadero desorden y, a 84 días de la elección, sigue el instituto electoral local pelando el presupuesto. Mire usted:
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), ‘ajustó’ su solicitud de ampliación presupuestal a 121 millones de los 133 que hasta hace unos días habían requerido para la organización del proceso electoral. La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral entregó al Congreso un ‘resumen ejecutivo’ de la solicitud de ampliación presupuestal” Aquí habría que ver porqué hasta ahora y porqué el Congreso no lo ha autorizado, pero al parecer lo que quiere es meter la mano en la elección.
La petición asciende a 121 millones que se requieren para la contratación de personal eventual que apoyará en la organización del proceso electoral, así como la renta de los espacios para la ubicación de los Consejos Municipales y Distritales. Esto debería estar aprobado desde el año anterior al del comienzo de la elección y, como ya les comentaba, eran más órganos electorales que los que ahora se crearán por la reducción de las diputaciones de mayoría relativa.
La Presidenta dijo que el presupuesto recibido por el Impepac en este año ha sido de 40 millones de pesos, de los cuales 23 millones fueron para la compra de material y el resto, 17 millones, para el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
La Consejera Presidenta dijo estar convencida de que el Congreso local comparte la misma ‘preocupación’ que tiene el Impepac de tener los recursos suficientes para la organización adecuada del proceso electoral. El presupuesto debería de estar aprobado desde el año pasado y esto sólo se presta a que le metan la mano al proceso. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / [email protected] / Twitter: @teolavin

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