La imparcialidad es una característica que deberán tener todos aquellos que participan en acciones de justicia y desde luego dentro de los procesos electorales en los que nos encontramos inmersos.
Muchas de las leyes señalan la imparcialidad como algo determinante, la exigencia de imparcialidad y objetividad  tuvo un origen judicial. Se trata de principios  que cobraron carta de naturaleza en Inglaterra, a propósito de la formulación de la regla conforme a la cual “nadie puede ser juez en su propia causa”.
La Constitución italiana hizo recepción expresa del principio de imparcialidad y exhortó al legislador a normar la organización administrativa de forma que este principio pudiera tener aplicación efectiva. En tal sentido, estableció la Constitución italiana -en su artículo 97- que “los oficios públicos estarán organizados según la disposición de la ley, de modo que aseguren... la imparcialidad de la administración”.
En Francia, en ausencia de norma legal expresa, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado, desde el Arréte Trébes del 4 de marzo de 1949, que “la imparcialidad en el procedimiento administrativo es un principio general del Derecho”.
El artículo 103.1, párrafo 3º, de la Constitución española, a la par de proclamar la objetividad de la Administración Pública en el servicio de los intereses generales, invita a  establecer por vía de Ley, las garantías necesarias para mantener la imparcialidad del personal administrativo.
En Venezuela, el principio de imparcialidad se encuentra consagrado en el artículo 145 Constitucional, conforme al cual “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.
Además, ha sido reconocido jurisprudencialmente como un principio general del derecho, aplicable al procedimiento administrativo y así lo declaró la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 21 de octubre de 1985.
Asimismo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al enumerar en su artículo 30 los principios que deben regir la actividad administrativa, incluye como uno de tales principios el de “imparcialidad”.
Existen, también, leyes administrativas especiales en las cuales -seguramente para prevenir su olvido- se recuerda que la actuación de determinadas administraciones públicas deben estar presididas por los principios de imparcialidad y objetividad y ese es, por ejemplo, el caso de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (artículo 4).
Los principios de imparcialidad y objetividad háyanse, entonces, reconocidos en nuestro país, constitucional, jurisprudencial y legalmente y son base fundamental desde la creación del IFE ahora INE de la obligación de la autoridad electoral.
El respeto de esos principios exige que los órganos administrativos decidan los asuntos que se llevan a su conocimiento, sin ningún tipo de consideraciones extrañas al interés general. Se infringe, en consecuencia tal principio, y por lo tanto se contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo, cuando el funcionario que encarna a un órgano de la Administración, participa en la solución de un asunto en el cual tiene algún interés personal, sea de carácter pasional, familiar, ideológico, político, económico o de cualquier otra especie (imparcialidad objetiva).
Asimismo, la imparcialidad y objetividad supone que el órgano a quien compete decidir un asunto, no tenga una posición preconcebida, que pueda influirlo a decidir en una determinada forma (imparcialidad subjetiva), de manera que no queda satisfecho el referido principio cuando en la fase decisoria interviene, activamente, un funcionario que ha participado como perito o testigo en el procedimiento; y mucho menos se respeta la garantía de imparcialidad y objetividad, cuando la decisión es adoptada por un funcionario que ha adelantado opinión sobre el caso que le corresponde decidir.
El principio de imparcialidad ha sido asimilado, finalmente, a la observancia de la igualdad y no discriminación de los ciudadanos. Por ende, se irrespeta el señalado principio cuando un órgano administrativo resuelve situaciones idénticas en forma distinta.
Y desde luego para los órganos electorales es fundamental para su desempeño, tal como lo postula el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el principio de imparcialidad y objetividad tiene un alcance general y, por tanto, se extiende a toda la actividad administrativa.
Así, para respetar el principio de imparcialidad y objetividad, las medidas administrativas de fomento, tales como los incentivos y subsidios que puede otorgar el Estado, tienen que acordarse a todos los sujetos que reúnan las condiciones objetivas previamente determinadas por la Ley o por los reglamentos para gozar de esas medidas de fomento. El otorgamiento de medidas de esa especie en forma particularizada constituye una práctica discriminatoria y, como tal, se encuentra reñida con la imparcialidad y objetividad de la autoridad administrativa que la concede. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León /  [email protected] / Twitter: @teolavin

TAGS EN ESTA NOTA:



Loading...