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A casi 10 meses de emitirse la Alerta de Violencia de Género en varios municipios del estado, Juliana García Quintanilla, vocera de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Morelos (CIDH), aseguró que continúa la omisión en la observancia de derechos femeninos y el doble discurso por parte del Ejecutivo estatal.
Tras asegurar que de enero a mayo se tenía un registro de más de 30 casos de feminicidios, la activista social dijo que debido al nivel de inseguridad y la corrupción que impera en el tema en Morelos, los asesinatos hacia las mujeres se incrementan gravemente; “el nivel de agresividad en el cuerpo de las mujeres víctimas está creciendo, a lo que la autoridad, lejos de atender y reconocer, muestra una actitud omisa y negligente, con declaraciones y sin acciones concretas”. Lo que desde luego es muy grave, sobre todo por lo que al haberse decretado la alerta de genero Gobernación está señalando que andamos mal en el estado y no como nos lo han querido hacer ver las autoridades de la entidad. En los próximos días habrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para dar un reporte previo al año de la Alerta de Violencia de Genero, “porque  aquí sólo se dan informes de que ya se cumplieron las acciones de la alerta, cuando no es así; y lo refleja el incremento de las cifras de manera alarmante; además, no hay una atención puntual”.
Debido a la ausencia de programas que en materia de seguridad “agravan la situación”; a pesar de que hay una ruta trazada en esta alerta sobre lo que se tiene que hacer en lugares solitarios, apartados, “no hacen nada las autoridades en los municipios ni en el estado”, lo que los convierte en omisas en la violencia de género, dijo la vocera y lamentó que ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad, ni ninguno de los poderes, están haciendo su trabajo con respecto a la violencia contra las mujeres.
Por su parte, el Poder Legislativo, a través de la diputada panista, presentó iniciativa de reformas legales y busca definirla como “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione y dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”
La iniciativa de reforma servirá  para tipificar como delito la “violencia política” en contra de las mujeres, a fin de establecer sanciones penales que van de uno a siete años de prisión y administrativas de 100 a 500 días de multa. En ella se busca reformar diversas disposiciones del Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, a fin de establecer en el marco normativo la “violencia política” en contra de la mujer.
Ante la exigencia de organizaciones civiles para atender el problema que enfrenta ese sector en el estado y a nivel nacional, por las agresiones físicas, verbales y laborales, al intentar postularse y representar un cargo de elección popular, la diputada panista dio inicio a la discusión de dicha reforma que –aseveró– deberá analizarse a la par de la reforma político-electoral que pretenden impulsar los partidos políticos antes de que concluya el año.
La diputada hace una propuesta de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir la “violencia política”.
“La mujer víctima de violencia, podrá interponer el juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos”, señala la fracción decimocuarta del artículo 19 quarter, de la ley antes citada”.
La iniciativa propone también modificaciones al Código Penal para el Estado de Morelos, a fin de tipificar el delito de violencia política y establecer sanciones que van desde uno a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
De esta manera, se plantea adicionar la fracción V al artículo 314 y un artículo 326 Bis al Código Penal, en el que se establecerían los tipos de violencia política como el impedir la participación igualitaria, el registro como candidata para contender por un cargo de elección popular, el acceso a puestos públicos por elección o designación, acceso a los medios de información, recursos presupuestarios y espacios públicos a programas, proyectos o actividades a las que sea sujeto de derecho, entre otros.
“De los casos de violencia política en contra de mujeres en nuestra entidad, da cuenta el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, que refiere que durante el año 2016 se han interpuesto 12 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, presentados por las funcionarias y servidoras públicas del estado, relacionadas con actos y omisiones que limitan, niegan, obstaculizan, lesionan o dañan su integridad y libertad, entre ellas se encuentran una Presidenta Municipal y varias regidoras”, aseveró la Diputada Popoca Sotelo. También se plantean adecuaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado. ¿No cree usted?