Sin duda alguna, una de las instituciones que más han sufrido en los últimos años son las electorales, las cuales han sido atacadas de manera frontal por el Ejecutivo Federal.

Si bien es cierto que ese tipo de presiones siempre ha existido, señalo con la experiencia de 15 años en las instituciones electorales la manera en que se están llevando a cabo en este momento, que es un poco más allá de lo normal.

La democracia electoral ha sido algo que se inició en México en 1997, cuando el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales estatales dieron por primera vez una mayoría a la oposición en la Cámara de Diputados, tanto la federal como la local.

Ese primer paso marcó el camino de las instituciones en esos años; a pesar de las reacciones en contra del hegemónico en ese momento, no hubo manera de cambiar los resultados que se habían logrado de manera clara y transparente en el país y en varios estados de la república.

Empezaba así lo que Juan Linz señala como una democracia con gobiernos divididos, y nos enseña que éstos ocurren cuando el partido político del presidente y/o gobernador no cuenta con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, o sea en los congreso nacional y local en los estados. Muchos de los estudios de política comparada han presupuesto, desde la publicación del ensayo de Linz en 1987, que los gobiernos divididos tienen consecuencias negativas para las democracias presidenciales, debido a que conducen a la parálisis institucional en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que es falso de toda falsedad, ya que no es más que la mera presuposición de una hipótesis que no tiene fundamento empírico y las consecuencias de los gobiernos divididos no necesariamente conducen al conflicto entre poderes.

Sin duda, el ideal en este momento que vivimos en México es ése para que el nuevo régimen que está a mitad de camino tenga presente, de manera clara, que es necesario no pelear con las diferentes fuerzas políticas que no están de acuerdo con él, sino que, por el contrario, se decante por hacer política. ¿Cómo?, a través de analizar consensos y disensos, que es la mejor manera de llegar a acuerdos.

No creo que exista mexicano que llega al poder que quiera algo malo para México, pero quienes así lo señalan están equivocados; yo creo que son las diferentes maneras de ver la problemática de un país y las diferentes alternativas que se toman para sacarlo adelante lo que los diferencia.

Los gobiernos divididos no son un peligro para los sistemas presidenciales como lo es el nuestro, o como lo pudiera haber sugerido el politólogo español J. Linz. Es totalmente lo contrario, estos incentivan altos niveles de consenso y utilidad social, siempre y cuando vayan acompañados de mecanismos de cooperación interinstitucionalizados y multipartidistas; en otras palabras, mientras exista la voluntad política de hacerlo profesionalmente bien.

De la misma forma, los gobiernos divididos pueden ser horizontales o verticales (cuando el partido del gobierno central cuenta con los mayoría de los gobiernos estatales serian horizontales, y si no cuenta con la mayoría de los ejecutivos estatales serían verticales).

Este tipo de gobierno dividido está relacionado con la forma de organización política del Estado. La relación entre los dos tipos de gobiernos divididos es fundamental para explicar los grados de eficiencia y utilidad social de las instituciones políticas y, ¿por qué no?, el grado de democratización experimentado en un espacio político. Un gobierno dividido vertical, por ende, será poco exitoso si no existe una división horizontal del poder.

En México, antes del 2018, existieron las dos formas de poder dividido; ello como producto de las elecciones federales del dos de julio del 2000, donde se produjo la alternancia en la Presidencia por primera vez en más de 70 años y debido a la ocurrencia de un segundo gobierno dividido.

Por lo dicho, nadie puede negar que desde ese dos de julio podemos desmenuzar con atención lo que ha venido sucediendo en las entidades federativas desde 1989. En aquel año se registró el primer gobierno dividido en la historia posrevolucionaria del país, y también el primer caso de alternancia en la gubernatura de Baja California. Desde entonces han ocurrido 26 casos de gobiernos divididos en 17 estados. En ninguno de ellos se ha registrado parálisis institucional o inmovilismo. Al contrario, la pluralidad ha favorecido la cooperación y negociación entre actores.

No podemos negar que los efectos virtuosos de los gobiernos divididos se dan a través de la democratización. El proceso de democratización que experimentan las regiones en el país puede ser visto en su historial en materia de pluralismo y competencia electoral. La alternancia se consolidó en el 2018, a pesar de que se perdió el gobierno dividido para 2021 con un resultado diferente; si regresamos a ellos, estos pueden ser indicadores mínimos del avance democrático. ¿No cree usted?

Por Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin