El famoso Sistema Estatal Anticorrupción ha resultado ser una farsa más de las que inventan los políticos para no entregar cuentas claras a los ciudadanos.

Ahora los diputados, que son signo inequívoco de corrupción, van -según ellos- a revisar el organismo, cuando ellos son los primeros que deberían rendir cuentas claras a las ciudadanía y, como lo ha señalado muchas veces el organismo “Morelos Rinde Cuentas”, no han cumplido con la ley de transparencia como deberían.
 O sea la iglesia en manos de Lutero.
 ¿Cómo van a supervisar algo los que no cumplen con la transparencia en sus propias cuentas?
Pero, como siempre, hacen afirmaciones para ponerse ante la prensa como si sirvieran para algo.
 Mire la nota y hágase de cuenta que son impolutos quienes declaran:
“Ante la falta de resultados del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), diputados locales anunciaron que revisarán a fondo dicho organismo con el fin de evitar excesos de los servidores públicos, sin injerencia de los órganos del estado ni partidos políticos, toda vez que desde su nombramiento no han podido avanzar en las denuncias o quejas de actos de corrupción en el Estado”.
 Todo esto es cierto, pero sólo después de año y medio se dan cuenta; pero, eso sí, para criticar y buscarle la cola a los que no cumplen y tener la lengua larga (como la tienen los diputados) deberían de tener la cola corta y, como hemos visto a través de los últimos acontecimientos, no es así.

De acuerdo a la Ley del SEAC en Morelos, el Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo encauzar el cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal; cosa que desde luego no se cumple, por lo que el seguimiento del que hablan los diputados deberían haberlo hecho desde el principio de su gestión.

El diputado Casas González, detalló que los consejeros se han dedicado a enfrascarse en conflictos internos y a manejarse con opacidad, como si su prioridad fuera hacerse del control del presupuesto, apoderándose del secretariado técnico, y no en erradicar la corrupción que agobia a Morelos.
 Exactamente igual que los diputados que se han enfrascado en un conflicto interno, y sus determinaciones de una mayoría de 13 -que no es mayoría calificada- están en veremos como todas sus resoluciones hasta que lo determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De modo que es ridículo que después de casi dos años los miembros de la comisión tomaran posesión en mayo de 2018, ya que la actual Legislatura tomó protesta a Roberto Coranguez Esquivel como presidente del referido consejo y a Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damián Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida como consejeros del CPC.
 Sin embargo, las disputas por la designación del secretario técnico han dividido a los integrantes y hasta se cuenta con dos presidentes.
 Por lo que podemos ver, la selección está mal hecha y después de 24 meses se dan cuenta los legisladores de que no funciona y ahora señalan que sus resultados son pobres, si no es que inexistentes, para los 14 millones que le cuestan a los morelenses, de los cuales casi 80 mil pesos mensuales son para el presidente y 65 mil mensuales para cada consejero; pues qué poca… ¿No se le hace que cuando hay mucha gente muriéndose de hambre, la obligación de los diputados es que cumplan con su deber?, por lo que se debió vigilarlos desde el inicio de sus funciones, no ya que van más de salida que de entrada.

Su cinismo es tan grande que ahora invitan a las organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores y ciudadanía en general, a que expresen sus propuestas y participen en el diseño de un órgano anticorrupción que efectivamente sirva a los morelenses, “y no a Graco Ramírez, como lo hacen actualmente los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción”, dicen.

Como podemos ver, se acaban de dar cuenta o de plano no tienen ni idea de cuál es su obligación; pero sí, como comisión, están cobrando desde septiembre del 18; en verdad no tienen nombre.
 Ahora la diputada Presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción adelantó que desde el Poder Legislativo tendrá que revisar la forma en la que son electos, y que podrían ser revocados, pues si bien tienen autonomía, requieren a la par cumplir con ciertas reglas y, en caso de no hacerlo, ser sancionados y hasta revocados sus nombramientos.
 Muerto el niño hay que tapar el pozo; así son de inútiles, pero para declarar sí son “re buenos”, aunque en realidad dan vergüenza.
 No cabe duda de que son profundamente incapaces los representantes ante el Congreso.
 ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León / lavinleon@gmail.com / Twitter: @teolavin