Para lograr una contraloría ciudadana, lo primero que se necesita es la voluntad política del gobernante y esto es lo más difícil de conseguir porque la egolatría de los que detentan el poder los pierde en un laberinto de lambisconerías que creen sinceras ya que quieren que la verdad sea lo que desean oír.
No hay manera más fácil de auto engañarse, cuando se llega al poder, que el creerle a quien depende de uno; sobre todo cuando el que dirige siempre piensa que tiene la razón y no se equivoca, pero si el jefe cree que eso es normal, está profundamente equivocado. Los  buenos empleados y colaboradores son los que te dan alternativas de solución y te dicen cuando la medida que propones tiene tales y cuales ventajas, pero también puntualizan las desventajas. Esos sí son colaboradores valiosos.
Esas y muchas otras razones son las que motivan que quienes detentan el poder se pierdan en la egolatría y la ficción, ya que se deslizan de manera rápida hacia la irrealidad porque ellos quieren verla como realidad única.
Por eso, los gobernantes necesitan tener una contraloría ciudadana, a través de la cual puedan de una manera simple encontrar el equilibrio que los mantenga en la realidad.
Podemos ver a gobernantes inteligentes y con experiencia como poco a poco se van perdiendo en un mundo irreal, donde el imaginario del que gobierna los hace pensar que en realidad hace las cosas bien, y que quien lo critica lo hace por molestar o por cuestiones partidistas; nada más fuera de la realidad. Los egos son fáciles de alimentar y llevar a una obesidad mórbida, donde los detentadores del poder creen que su realidad es en verdad la que existe y que quien no la ve como ellos está mal u obra de mala fe.
Nada más mentiroso. La realidad es dura y es difícil verla cuando se gobierna, pues vivimos en un país donde la lambisconería es fundamental en la función gubernamental, y forma parte del rito del poder en todos los ámbitos, sin importar partido o ideología.
La participación ciudadana ha aumentado en los últimos años gracias a que existen, ahí medio perdidos, ciudadanos con las agallas para decir la verdad y con la gran facilidad que ahora dan las redes sociales, en las que hay muchos que pueden expresar lo que sienten y en lo que creen.
Quizás uno de los experimentos que da un buen golpe a la lucha contra la corrupción es el testigo social en las contrataciones públicas. Como todos sabemos, es en esas contrataciones donde se da de manera fácil la corrupción galopante, que antes era del diez por ciento, pero ahora llega hasta el treinta; y eso es algo que tenemos que terminar por eliminarlo.
La materia de contrataciones gubernamentales es, sin duda, grandemente afín a los intereses ciudadanos, en virtud de nuestra participación como Testigos Sociales. Nos permitirá constatar los obstáculos, inercias y resistencias que enfrenta el testigo en el trabajo cotidiano de la administración pública respecto a un tema tan sensible como el del gasto público que, por ende, es altamente susceptible a la corrupción.
La discusión sobre este mal social ha sido retomada recientemente, tanto por las autoridades como con más fuerza por la ciudadanía, que está cansada de que los nuevos funcionarios se hagan ricos en un santiamén en perjuicio de todos los demás. Estamos conscientes de que un instigador de la corrupción “daña hasta cuatro veces más” que un delincuente común, por lo que resulta importante devolver la atención de la opinión pública hacia el tema. Aunque reconocemos que resulta más relevante conocer con franqueza cifras como el monto de las pérdidas económicas por corrupción en las contrataciones públicas entre los 70 y los 100 mil millones de pesos anuales.
En este camino de conocer, debemos profundizar en saber de qué manera funcionan nuestras instituciones, para proponer cómo contribuir en su mejora. Es relevante, por ejemplo, la reciente declaración del director del ISSSTE, que apunta a que la deficiente operación de este organismo se debe a la ineficiencia de su aparato de gobierno, el que no refleja una conciencia permanente de satisfacer la maximización del bien público.
En este contexto se desarrolla, inequívocamente, la discusión sobre la autonomía de las instituciones del Estado. Por tanto, este tema no se limita a lograr un diseño orgánico que presuponga la creación de esferas de actuación sin sujeciones, más allá de la normatividad; como se reconocería en un diagnóstico de Derecho Administrativo.
La autonomía de las instituciones es un todo complejo de normas y su funcionamiento cotidiano, atribuciones y servidores públicos que las ejecutan, así como derechos fundamentales y ciudadanos que los reclaman. Y esto aplica, por igual, a todos los entes públicos: recientes y antiguos, centralizados o no- pues hablamos del ejercicio responsable del poder público.
Lo primordial, nos guste o no, es eliminar la falta de ética y de honradez que ha vuelto cínicas a nuestras autoridades; por ello debemos de exigir los controles ciudadanos para tratar de salir de este circulo vicioso en que vivimos. ¿No cree usted?

Por: Teodoro Lavín León /  [email protected] / Twitter: @teolavin