1.Firmado por algunos de los más reconocidos analistas de la cultura, entre los que se encuentran Eduardo Nivón, Eduardo Cruz Vázquez, Ernesto Piedras, Lucina Jiménez y Carlos Villaseñor, se entregó a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXIII Legislatura, el pasado 15 de marzo, el documento orientador que servirá de base para la creación de la tan comentada y necesaria Ley de Cultura del país.
El mismo, de 50 páginas, se redactó entre el 14 de enero y el 14 de marzo y puede leerse como un apoyo inédito para los diputados que lo solicitaron, pues están obligados a atender el tema actualizando sus criterios, pero también puede verse como un enorme reto para los gobiernos de las diferentes entidades del país, pues se presentan en la propuesta novedades que implican serios compromisos e inversiones que tendrán que solventar.
En las consideraciones que anteceden a la propuesta, se habla por ejemplo de comunidades de migrantes (antes poco tomadas en cuenta) y se explica que las identidades de los individuos se conforman hoy en día con base en las relaciones que establecen con los medios de comunicación, la tecnología y las redes electrónicas. El reto en este sentido será generar acceso a la cultura y productos culturales para los integrantes de tan diversas comunidades e intereses.  
Además de insistir en la diversidad cultural, el documento puntualiza el valor económico de la cultura, es decir, va más allá del tradicional valor simbólico y educativo, discurso que basó las políticas culturales durante la mayor parte del siglo XX.
2. Para e caso de nuestro estado preocupa el Artículo 76, referente a las atribuciones de los gobiernos municipales, pues además de pedir que se formule y ejecute el Plan de Desarrollo Cultural Municipal (cosa que tendrá que revisar el Consejo Municipal de Cultura en el caso de Cuernavaca), pide que se sostengan los recintos y espacios culturales de cada municipio para la realización de actividades relacionadas con el objeto de la Ley.
Y aquí me pregunto yo, querido lector y lectora: ¿cómo sin recursos los 33 municipios del estado podrán mantener los flacos y desnutridos lugares que a veces destinan a la cultura (cuyas vocaciones no son claras), por no hablar de Cuernavaca, cuyo mal llamado Museo de la Ciudad apenas se da a basto para atender los mil eventos y necesidades expositivas de la ciudad?
3. Levanta el ánimo el Capítulo IV, pues en él hablan los expertos del financiamiento al desarrollo cultural por parte del sector público y proponen un presupuesto que se incremente de manera progresiva, considerando que la cultura es una inversión. Y anima porque como sabemos, la labor de los promotores culturales es difícil, tienen que convencer al servidor público del valor de su trabajo y casi siempre terminan conformándose con los centavitos que les dan.
Como remedio a las pobrezas del presupuesto que anualmente se destina al sector, proponen los expertos que se generen vínculos con incubadoras de negocios, fondeadoras y fundaciones (Art. 47, 49 y 51). Este esquema mixto de patrocinio ha rendido frutos en otros países, en México es novedoso y poco estimulado en términos de cantidades por las Secretarías de Hacienda, de Cultura y la de Economía, por mencionar a tres de las principales instituciones interesadas en el tema.
4.Para el caso de nuestro estado, resuena de especial manera la importancia que se le da a la biodiversidad y del patrimonio natural en el documento, porque golpea la consciencia colectiva a raíz del anuncio que se hizo la semana pasada de la subasta de gran parte del territorio protegido de nuestra entidad.
Con respecto al deplorable estado en el que se encuentra el Parque Ecológico Chapultepec, conocido como Jungla Mágica, expuesto el miércoles pasado el Profesor Pablo Rubén Villalobos, en la reunión del Consejo Cívico Ciudadano llevada a cabo en Los Belenes, puede adelantarse que tendrán que dar cuentas sobre el mismo no sólo el Secretario de Desarrollo Sustentable Topiltzin Contreras, sino la Secretaria de Cultura Cristina Faesler.
En suma, si el documento se adopta y adapta en cada estado, como deberá hacerse tomando en cuenta también los artículos transitorios, se comenzará a tomar en cuenta a la cultura como parte esencial del desarrollo económico y educativo del país. Y esto es así porque la cultura es un derecho humano, como lo dijo Olivares Brito el viernes pasado en su informe, no un accesorio o un asunto de vocación artística (lo peor es cuando se equipara a la cultura con “la bohemia”). De ahí que después de las debidas y ricas polémicas, el consejo redactor se haya puesto de acuerdo para titular el resultado de su trabajo como “Documento Orientador hacia una Ley General de Derechos Culturales de México”. FIN.

Por: María Helena Noval  /  [email protected]

 

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