Este miércoles, 11 de diciembre, el gobierno estatal, liderado por la gobernadora Margarita González Saravia, firmará un convenio trascendental para reforzar el Sistema Anticorrupción en la entidad morelense, informó la secretaria de la Contraloría del Estado, Alejandra Pani Barragán.
Este acuerdo, según Pani Barragán, tiene como propósito implementar capacitaciones dirigidas a los funcionarios públicos, además de proporcionar herramientas para prevenir y erradicar prácticas corruptas en el estado. La funcionaria estatal agregó que esta medida busca no solo aumentar el conocimiento de los servidores públicos sobre las faltas administrativas, sino también reducir las conductas indebidas que se han repetido en diversas áreas gubernamentales. “Existen sanciones repetitivas entre los funcionarios, lo que demuestra que desconocen las faltas administrativas y, por ende, cometen los mismos errores”, destacó la funcionaria.
La secretaria subrayó que uno de los objetivos clave del convenio es restablecer una relación sólida con el Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, tras las dificultades de colaboración que se presentaron durante la administración pasada. Este esfuerzo conjunto también busca fomentar la denuncia ciudadana, por lo que se informará a la población sobre los tipos de delitos sancionables y las acciones que los funcionarios públicos no deben cometer.
En este sentido, Pani Barragán resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la Fiscalía Anticorrupción. “El que trabajemos todos en conjunto es importante para los procedimientos que llevamos. Nosotros, como gobierno del estado, nos encargamos de los casos no graves; los graves los lleva el Tribunal de Justicia Administrativa y los penales son competencia de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso debemos trabajar en vínculo y no de forma separada”, explicó.
Como parte de esta estrategia, la secretaria anunció que se fortalecerán los buzones ciudadanos para que la población pueda denunciar cualquier irregularidad detectada en el actuar de los funcionarios públicos. Esta medida pretende consolidar la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción y ofrecer un canal accesible para reportar malas prácticas en el servicio público.