El entregar el agua a poderosas empresas refresqueras, a embotelladoras de agua “purificadas” y a esos amenazantes proyectos inmobiliarios que con sus edificios y sus centros comerciales, están secando al País, ya que juntas consumen más del 60% del agua de todo el territorio nacional.
Al principio de este mes de mayo de 2017, los diputados votaron a favor de un proyecto de ley que el senado les envió, el que dispone la aprobación de un marco legal que acepta que la Privatización del Patrimonio Cultural y Arqueológico, al igual que lo hicieron en 2013 con la ley del agua, la cual permite dar en concesión a particulares el manejo del tan necesario líquido. El Patrimonio cultural nos lo quitaron en las escuelas sin la asignatura de Civismo, sin Honores a la Bandera, el tratar de quitarnos nuestra comida nacional que es el maíz y a fuerza traer alimentos transgénicos, además de abrir tiendas de autoservicio al lado de las Pirámides.   
Mientras esa ley es o no aceptada por la Cámara de Senadores, la iniciativa privada está echando mano de todos los recursos para usar el agua a discreción, pues con el pretexto de pagar la irrisoria cantidad de dos mil quinientos pesos al año, las refresqueras explotan sus propios pozos y tienen unas ganancias de miles de millones de pesos al año.
En casi toda la República el gobierno federal está permitiendo que sean los gobiernos estatales y municipales los que emitan esos permisos para hacer uso del agua a su gusto. Un ejemplo lo tenemos en el Estado de Puebla, donde el agua ya está en manos de particulares. El servicio y la calidad del líquido no ha mejorado, pero si se ha elevado su precio en un 400 por ciento al consumidor. Todo esto a la vista de la PROFECO y de la CONAGUA.
Aun así, los municipios se tienen que hacer cargo de las composturas de las tuberías que sean de ciertos años atrás y con un contrato leonino de 35 años de duración. Según los encargados de la comisión del agua en la capital poblana, el sistema del agua potable está en manos del gobierno del estado y no del Ayuntamiento como lo dice la Ley.
Otra entidad es Mexicali, donde las protestas y las marchas no se han hecho esperar, ya que los nuevos dueños del manejo de los pozos y las fuentes adyacentes, no tienen empacho a seguir explotando los mantos acuíferos, a ciencia y paciencia de las autoridades del representante de Conagua y de los gobiernos Municipal, estatal y federal, al igual que en, San Miguel Allende dentro de un Estado que tiene más agua que cualquier otro en el País.
En Morelos está por llegar el problema de la escases del agua, de la distribución  y del servicio; y no es que no la tengamos, sino que los pleitos que existen entre el Ayuntamiento y la la Comisión Federal de Electricidad (entidad federal que está para servir al pueblo no para castigarlo) por deudas que administraciones pasadas le dejaron a la ciudad por 113 Millones. El gobierno estatal y/o federal debía ayudar a resolver este asunto en beneficio de la ciudadanía. Quienes están haciendo su agosto, son los piperos, los que venden ocho mil litros en 700 y 800 pesos por pipa. Quien llena su cisterna y le sobran tres mil litros, quiere repartirlos entre los vecinos y para llenar un tinaco de mil cien, hay que darle cien pesos extra al pipero para que llene su tinaco. Se aligero el pánico cuando el gobierno del estado envió unas pipas gratis.
Bien se podía hacer una presa por el río Del Pollo o en el Túnel o pequeños tanques dentro de las barrancas para retener toda el agua de lluvia para uso casero o para regar los parques públicos y así evitar que toda esa agua se pierda en el río Amacuzac.
Para acabarla de amolar, el gobierno federal nos viene con un recorte al presupuesto de “inversión” para el servicio de agua hacia al estado de 350 millones de pesos al año, a sólo 104 millones para 2017. Ojalá que a nuestro gobierno municipal o estatal, no se le ocurra privatizar el agua, porque con la inseguridad y la falta de dinero, ya tenemos suficiente.
En la Ciudad de México se produce un fenómeno especial. En Atzcapotzalco y en muchas otras delegaciones, se ha  aprobado gastar un presupuesto para el agua de 100 millones de pesos para renovar las tuberías y han diseñado un programa de “cosecha de agua de lluvia” para 32 escuelas con recursos federales que fueron aprobados por el Congreso desde 2015. Pero la Secretaría de Hacienda no ha entregado este recurso que desde entonces ya está etiquetado.
Igual está la Delegación de Iztapalapa donde viven casi dos millones de habitantes y que sufren las mismas carencias de agua que casi toda la parte pobre de la Ciudad de México. Nos imaginamos cuando la privaticen, sólo los ricos probaran el agua, porque los pobres se van a tener que bajar la tortilla a puros saltos.
En el New York Times, salió un reportaje de Michel Kimmelman, el que dice que “la Ciudad de México no sólo se está hundiendo, sino que también se está secando”.  Si a esto le sumamos el Cambio Climático, hasta los concesionarios se van a ir a la quiebra. ¿Y qué dice de esto el Consejo Consultivo del Agua?
Sin embargo, los gobiernos del País siguen dando permisos para edificar esos monstruosos proyectos inmobiliarios y mantener esas embotelladoras que nos venden el agua azucarada más cara de lo que cuesta la leche, con una ganancia fabulosa que sacan del País.
El agua es un bien de la humanidad y no debe ser una mercancía en manos de la iniciativa privada o de otra fuerza que no sea la de La Nación, que no es lo mismo La Nación que el gobierno, el que cree que va a vender los recursos del País incluyendo ese preciado líquido, pero el Pueblo no se lo va a permitir, porque no sólo no se vende la Patria, la soberanía, la cultura, sino que nadie podrá comprar nuestra propia identidad.

Por: Rafael Benabib /  [email protected]

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