En 2012 entró en vigor la Reforma Constitucional en la que reconoce el Derecho Humano al Agua, por tanto, el Congreso de la Unión se comprometió a emitir una Ley General de Aguas. Con esta ley se quiere establecer “QUE EL AGUA TIENE UN PODER ECONÓMICO” , lo que quiere decir que el agua se va a vender al mejor postor nacional o extranjero. 

Lo que no podemos permitir es que los municipios y estados de México vayan a privatizar el agua como lo hiciera el gobernador de Puebla, que fue un fracaso, el cual está siendo  pagado por la población a quien le han subido más del 400 por ciento del recibo del agua. Igual le está pasando al Estado de  Chiapas, donde San Cristóbal Las Casas ya tiene toda su agua privatizada y se quedó sin el preciado líquido.

El  gobierno niega que se trate de una privatización. Ahora se llama CONCESIÓN, y el nombre de la ley es: “LEY FEDERAL DE DERECHOS” “DISPOSICIÓN APLICADA EN MATERIA DE AGUAS” “NACIONALES 2016” “COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA”.

 Varios municipios ya lo privatizaron durante el sexenio de Salinas de Gortari, como: Aguascalientes, cuyo contrato fue por 30 años y vence en 2023 con la compañía subsidiaria de la empresa Vivendi, la que se encarga del cobro, la administración, los trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías del agua potable. Pero ni se ha resuelto lo del crecimiento del sistema, hay sobreexplotación de los mantos acuíferos, altos costos para el usuario, la excesiva extracción del agua y la falta de tratamiento para que sea potable. Ahora se quedaron sin los  derechos imprescindibles del agua contra el derecho del ser humano al uso de dicho líquido.   

En Saltillo lo están llevando a efecto entre el municipio y la compañía Aguas Barcelona que es filial de la francesa Suez, los que cobran tarifas mayores que las estipuladas (de acuerdo a la inflación) y altos costos al cortar el servicio por falta de pago y extra por reconexión. Además se ha privatizado el sistema de riego de parques y jardines; los colonos deben reunirse, hacer un contrato aparte con Aguas de Saltillo, para que se encargue de regar las áreas públicas. Igualmente se ha hecho con empresas en Guadalajara y en Cancún.

Desde marzo del 2002 el Banco Mundial afirmó que las guerras del siglo XXI serían provocadas por el control mundial del agua dulce, cada día más escasa en el planeta, pues el 70% de la superficie está cubierta de agua salada y sólo el 3% es de agua dulce. Ello ha convertido al agua dulce en un recurso estratégico para los países ricos y sus empresas, ya que el  sistema de volver agua dulce del mar en muy caro y está en pañales.

En estos últimos años, el gobierno de la Ciudad de México ha concesionado varios servicios de agua potable que tampoco le han funcionado. Existen 48 ríos que rodean y penetran dentro de la Ciudad de México. El 70 por ciento del agua es extraída de pozos y el resto de los sistemas Lerma y Cutzamala, aunque la ciudad esté hundiéndose por estar sobre una laguna.

 Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, aprobaron la Ley General de Aguas Reglamentaria de los Artículos 4 y 27 de la Constitución Política y se la enviaron al pleno de la Cámara de Diputados, la cual la acaba de aprobar y que sólo falta la lectura, revisión, rechazo o aceptación del Senado de la República, para que el Presidente Enrique Peña Nieto la mande publicar al Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa privada está ávida a invertir en el productivo negocio del agua en todas las entidades de la federación. Las presiones de los particulares para hacerse de este pingüe negocio son tan poderosas como la intervención de las más fuertes compañías del mundo, especialmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Los intereses de los Estados Unidos son tan fuertes como la sobrevivencia de sus regadíos en el campo del Estado de California, donde la época de secas es un problema para su producción alimenticia, como también existe la continua amenaza de incendios en los bosques por falta del preciado líquido.

De igual forma tres países de Latino América ya tienen el agua privatizada, como son: Panamá, Uruguay y Paraguay, mientras que Brasil y Argentina están muy cerca de hacerlo, siendo este parte del PPP (Plan Puebla Panamá), el que nos hicieron creer que eran ductos para productos petroleros, pero resultaron ser acueductos.

Por fortuna en el Estado de Morelos no se ha presentado ese problema para la población a pesar de tener pequeños problemas con la deuda de 113 millones de pesos de administraciones anteriores a cargo del agua en Cuernavaca (SAPAC).

Por otro lado, a la llegada del estiaje a Morelos, los señores dueños de las pipas de agua están haciendo el gran negocio, porque, aunque los tenderos de la SAPAC tratan de llegar a todos los puntos de la ciudad por lo menos dos veces a la semana, muy poca gente tiene cisterna y con llenar su tinaco de 5oo o mil cien litros, no les alcanza para el uso de una familia de tres o cuatro personas y cuando no llega el agua al hogar, se tienen que cooperar para poder comprar una pipa de agua entre cinco o seis vecinos.  

 Finalmente lo que se está persiguiendo es eliminar los derechos que tiene el ser humano del uso del agua como un elemento que el gobierno está obligado por las leyes constitucionales y humanas a cubrir las necesidades de la población.

En el “negocio” del agua la pueden comprar los países con mayor poder adquisitivo, y pagarán el agua que extraigan de acuíferos, de ríos, lagos, lagunas, esteros, presas y recursos del agua. El precio no importa y como es un negocio, en este sistema neoliberalista globalizado, toda transacción es permitida.

Va de cuento
Rafael Benabib
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