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Es lógico que durante estos días de estiaje tengamos problemas con el agua. Las reservas  del preciado líquido están disminuyendo por la falta de lluvias, aunque con las precipitaciones de los últimos días, ojalá haya sido un ‘refresco’ para los mantos acuíferos. Recordemos que eso nos sucede todos los años y que hemos sobrevivido a pesar de las sequías. Debemos ser más ahorrativos con el agua durante este tiempo, de eso  no hay duda; lo que no podemos permitir es que más municipios y estados de México vayan a privatizar el agua como lo hiciera el gobernador de Puebla, que fue un fracaso, lo cual está siendo  pagado por la población a quien le han subido por más del 400 por ciento del recibo del agua. Igual le está pasando al Estado de  Chiapas, donde San Cristóbal Las Casas ya tiene toda su agua privatizada y se quedó sin agua.
Aunque varios municipios ya lo hicieron durante el sexenio de Salinas de Gortari, como Aguascalientes, cuyo contrato fue por 30 años y vence en 2023 con la compañía subsidiaria de la empresa Vivendi, la que se encarga del cobro, la administración, los trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías del agua potable. Pero ni se han resuelto los problemas del crecimiento del sistema, ni la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los altos costos para el usuario, la excesiva extracción del agua y falta de tratamiento para hacerla potable.
En Saltillo lo están llevando a efecto entre el municipio y la compañía Aguas Barcelona que es filial de la francesa Suez, los que cobran tarifas mayores que las estipuladas (de acuerdo a la inflación) y altos costos por cortar el servicio por falta de pago y más por reconexión. Además se ha privatizado el sistema de riego de parques y jardines; los colonos deben reunirse, hacer un contrato aparte con Aguas de Saltillo, para que se encargue de regar las áreas públicas. Igualmente se ha hecho con empresas en Guadalajara y en Cancún, desde la época de Salinas.
En estos últimos años, el gobierno de la Ciudad de México ha concesionado varios servicios de agua potable que tampoco le han funcionado.
La iniciativa privada está ávida a invertir en el productivo negocio del agua en todas las entidades de la federación. Las presiones de los particulares para hacerse de este pingüe negocio son tan poderosas como la intervención de las más fuertes compañías del mundo, especialmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Desde marzo del 2002 el Banco Mundial afirmó que las guerras del siglo XXI serían provocadas por el control mundial del agua dulce, cada día más escasa en el planeta, donde el 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua salada y sólo el 3% es de agua dulce. Ello ha convertido al agua dulce en un recurso estratégico para los países ricos y las empresas trasnacionales. ¿NO SERÁ POR ESO QUE TRUMP NOS QUIERE DECLARAR LA GUERRA?
Las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, Aprobaron la Ley General de Aguas Reglamentaria de los Artículos 4 y 27 de la Constitución Política y se la enviaron al pleno de la Cámara de Diputados, la cual la acaba de aprobar y que sólo falta la lectura, revisión y aceptación del Senado de la República, para que el Presidente Enrique Peña Nieto la mande publicar al Diario Oficial de la Federación.
El gobierno niega que se trate de una privatización del agua, pero si interviene la iniciativa privada, se sabe que los inversionistas lo hacen para obtener ganancias, pues no son hermanas de la caridad y la distribución del agua no debe de ser un negocio de particulares, sino un servicio por parte de la administración pública, como mínima medida para la supervivencia del ciudadano. En 2012 entró en vigor la Reforma Constitucional en la que reconoce el Derecho Humano del Agua, por tanto, el Congreso de la Unión se comprometió a emitir una Ley General de Aguas. Con esta ley se quiere establecer “que el agua tiene un poder económico” o sea, que al tener ese valor tiene un precio y debe verse como un negocio; y ahí está la iniciativa privada, con sus Canacos, Coparmexes y grandes inversionistas con las fauces abiertas, listas a brincar hacia su presa. Esa ley es demasiado agresiva a favor de particulares: en la gestión y control del agua y se está brincando a la legislación oficial el sentido social de los recursos hídricos de México, al afectar directamente los derechos y necesidades de la población, para convertir el preciado líquido en un negocio particular que no sólo elevará los precios, sino que podrá vender el agua al mejor postor, especialmente de los Estados Unidos, quienes se están quedando sin agua.
Según estudios de la UNAM, “esta temporada de primavera-verano, será una de las más secas de la historia reciente”. Al permitir la entrada de la iniciativa privada al “negocio” del agua, ésta puede ser enviada, como ya dijimos, a los países con mayor poder adquisitivo, quienes pagarán toda el agua que puedan extraer de los mantos acuíferos, de los ríos, de lagos, lagunas, estéros, presas y demás recursos de agua. El precio no importa, como se trata de un negocio, en este sistema neoliberalista globalizado, toda transacción es permitida.
Finalmente lo que se está persiguiendo es eliminar los derechos que tiene el ser humano del uso del agua como un elemento que el gobierno está obligado por las leyes constitucionales para cubrir las necesidades de la población. Si ya le quitaron los energéticos, los derechos laborales, el derecho al trabajo, a la investigación en los planteles universitarios, a  la posibilidad de una educación escolar idónea, donde el que no sabe es porque no le han enseñado adecuadamente y los pasan de año en la primaria automáticamente para que el mundo piense que si están aprendiendo y eso es culpa del sistema que se está encargando de que seamos unos ignorantes, pobres e infelices. Ni las autoridades federales o locales se están dando cuenta del mal que se está por hacer al País, al permitir que el agua se trate como cualquier mercancía y que el precio de ésta sea regulado por las leyes del mercado y no de los derechos del ser humano, de las necesidades de la ciudadanía y del futuro de nuestros hijos y de las generaciones que les presiden.
 

Por: Rafael Benabib / [email protected]