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Tepoztlán, Morelos.-   “No hay auditorías que se hagan por encomienda o bajo criterios parciales, todas se rigen por las mismas reglas y criterios, para todas las instancias que reciben recursos”, asegura Luis Maldonado Venegas,  diputado por la cuarta circunscripción que incluye a Morelos y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo anterior, en reunión celebrada con diputados locales, con quienes compartió que en el ejercicio fiscal de 2013 se detectaron irregularidades por más de 700 millones de pesos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y al no solventar o no hacerlo de manera suficiente, se presentaron cuatro denuncias en la Procuraduría General de la República.
Asimismo, aseguró que aún faltan los resultados de la auditoría que se encuentra en proceso referente a los años 2014 y 2015.
Añadió que la UAEM, encabezada por el rector Alejandro Vera, ha manejado un discurso muy defensivo, “es una de las tres universidades públicas que ha mantenido esta  postura, frente a la gran totalidad de universidades de carácter autónomo”.
“Más del 90 por ciento de los rectores de las universidades públicas, incluyendo la UNAM, presentaron auditorías externas, independientemente de las acciones que ejerce la ASF, comprobando con ejercicios adicionales que van más allá de lo que la ley pide”, aseguró.
Aseguró que en ningún momento la ASF ha violentado la autonomía de la UAEM, ya que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce sus facultades para supervisar el origen y destino de los recursos. Además, agregó, se revisa bajo criterios y protocolos universales. No hay auditorías que se hagan por encomienda o bajo criterios parciales, todas se rigen por las mismas reglas y criterios”.

Hubo tiempo para solventar
Maldonado Venegas señaló que  las observaciones que la UAEM no solventó o no lo hizo suficientemente, derivan a actos de presunción que tiene que calificar la auditoria competente, la ministerial, que sustentan cuatro denuncias penales en contra de la Universidad.
Argumentó que las observaciones se le hicieron en tiempo y forma, como se le hace a todo el mundo, dijo, concediendo a quien está siendo observado a que solventen, para que puedan aportar elementos documentales o de cualquier otro tipo que expliquen la observación.
Dijo que después de ese periodo, todavía existió otro tiempo donde se fincaron pliegos, que identifican  posibles afectaciones de carácter patrimonial, donde nuevamente volvió a abrirse el periodo para poder solventarlos.
“En algunos casos se fija porque no logró solventar precios, concentración en cuentas de proveedores, porque no se pudo demostrar que los productos que estaban pactados en el convenio que respalda la asignación del recurso fueron entregados, y porque también se identifica que varios de estos casos se aplicaron a objetos distintos al convenio original que firmaron con la Federación”, precisó el diputado.
Indicó que está señalado en el informe de la ASF, el cual le da base  a las denuncias penales, que están en su proceso de integración, y en el que tendrán que ser resarcitorios, “el daño patrimonial que se ha identificado ante la falta de elementos para aclarar cualquier responsabilidad, quedan firmes en su momento para que se restituya lo que quedó en agravio del patrimonio de los recursos federales”, puntualizó.

Autonomía sí, desvío de recursos no
“La mayoría de la comunidad universitaria sabe, conoce y reconoce que la autonomía de la que gozan, es una autonomía de carácter técnico, pero no es un ejercicio soberano, sobre todo cuando se tiene y se es receptor de recursos públicos”, subrayó Maldonado Venegas.
De acuerdo con el artículo tercero constitucional, se concibe una autonomía de las universidades para su régimen interno, sin embargo, hay una tesis de la Corte que confirma que tratándose de recursos federales, la Auditoría Superior está legitimada para revisar el origen y destino, quedando ante un caso de excepción al régimen de autonomía, ya que éste es para el régimen interno; la ley de la época, en la modalidad de recursos federales, acredita a la ASF para que sin ningún problema llegue a hacer revisiones.
Por ello, explicó que prevalece la responsabilidad entre la autoridad fiscalizadora de cualquier funcionario o ejecutor del gasto hasta por siete años después, incluso, rectores universitarios que sean depositarios de recursos federales o estatales, argumentando que todas las instancias están sujetas ya a este régimen de Transparencia y de Fiscalización, y lo estarán desde el Congreso federal y todos los congresos.
“Porque la exigencia de la sociedad tiene que ver con la corrupción y con la impunidad en la persecución de esos casos”, expresó.
En este contexto, reseñó que recibió al 95 por ciento de los rectores de las universidades públicas autónomas, incluyendo a la UNAM, presentando sus propias auditorías externas, y dijo: “La UAEM no presentó su auditoría”.
Al concluir, informó que el motivo de la reunión con las autoridades de los Congresos en el país, en el caso de Morelos, con el diputado local, Francisco Moreno Merino, residente de la Mesa Directiva, y el fiscal general, Javier Pérez Durón, es con el objetivo de acercarles con mayor detalle el contenido y alcance del paquete de reformas que durante el último periodo extraordinario el Congreso de la Unión aprobó en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, de Transparencia y de Fiscalización, respectivamente.

Por: Guillermo Tapia y Marcela García /  [email protected]