En medio del caos y la confusión a raíz de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada a los viajeros de siete países de mayoría musulmana durante un periodo de 90 días, y que además suspende la admisión de refugiados durante 120 días, surge un nuevo temor sembrado por artículos de prensa y videos que circulan en redes sociales.

Según algunos videos que se han popularizado en Facebook, funcionarios del gobierno de Trump discuten la posibilidad de pedir a los visitantes extranjeros que muestren a autoridades migratorias sus sitios web y de redes sociales y que compartan los contactos en sus teléfonos celulares.

Incluso citando fuentes no identificadas, divulgó que Stephen Miller, director de política de la Casa Blanca, habló con funcionarios del Departamento de Estado, Aduanas y Patrulla Fronteriza respecto a la posibilidad de negar la entrada a Estados Unidos a aquellos visitantes extranjeros que se nieguen a revelar la información confidencial de sus redes sociales.

Actualmente la idea se encuentra en el nivel de discusión preliminar. Sin embargo, ¿es legal que las autoridades migratorias obtengan acceso a las cuentas de redes sociales de los visitantes extranjeros?La abogada Mercedes Cano, experta en inmigración, dice que no.

“No es la primera vez que la Casa Blanca discute la posibilidad de monitorear las redes sociales de los visitantes extranjeros que solicitan el ingreso a los Estados Unidos”, dijo Cano, citando un artículo de 2014 publicado por The Intercept.

Según el medio, la administración de Barack Obama aprobó sigilosamente la ampliación sustancial del sistema de vigilancia terrorista, autorizando un proceso secreto que no requiere ni “hechos concretos” ni “pruebas irrefutables” para designar a un estadounidense o extranjero como terrorista.

Cano explicó que el documento gubernamental de 166 páginas “March 2013 Watchlisting Guidance”, divulgado por The Intercept, establece el monitoreo en internet de hasta 19 agencias -incluyendo el FBI y la CIA- de aquellos visitantes extranjeros, residentes legales y ciudadanos estadounidenses sospechosos de actividad terrorista.

“Las autoridades migratorias pueden confiscar el teléfono celular de un visitante extranjero, pero es anticonstitucional que demanden acceso a la información confidencial sin causa probable. Un juez debe determinar si el individuo está obligado a entregar la información”, explicó Cano. “Es importante aclarar que los turistas tienen menos protecciones constitucionales que los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales. Un oficial de inmigración puede negar a un visitante extranjero el ingreso a los Estados Unidos si sospecha de actividad criminal o si sospecha que el individuo planea quedarse en el país. Sin embargo, el visitante extranjero tiene el derecho de negarse a entregar su teléfono celular, a menos que un juez lo ordene”.

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