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El Congreso de Morelos recibió en los últimos días dos reveces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Uno, relacionado con la postura que el bloque PAN-PRI asumió frente a las causales del aborto, y el segundo por irregularidades en el proceso legislativo.
En el primer caso, se trata de la controversia constitucional que el Gobernador Graco Ramírez promovió contra la negativa de la mayoría de los diputados a ampliar el derecho de las mujeres, víctimas de violación, a interrumpir el embarazo con la sola presunción del delito.
Como parte de la respuesta que el Ejecutivo dio a la alerta de género emitida en ocho municipios de Morelos por la Federación, el Gobernador remitió al Congreso un paquete de reformas para modificar el marco jurídico contra la violencia de género, de las cuales, la de mayor trascendencia era la de cambiar las causales para el aborto legal establecidas en el Código Penal.
El Ejecutivo pidió a los legisladores incluir la presunción del delito en caso de violación, pero el bloque conformado por diputados del PAN-PRI, rechazaron la modificación y reiteraron su postura en las observaciones que el Gobierno hizo al decreto de las reformas.
La semana anterior, la Corte dio entrada a la controversia y ordenó la suspensión de la publicación de las modificaciones hasta en tanto, los ministros resuelven el fondo del reclamo que, básicamente demanda que se ordene a los legisladores de Morelos aceptar que una mujer puede acceder a la interrupción del embarazo de manera legal cuando exista la presunción del delito de violación.
La coordinadora de los diputados del PRD, Hortencia Figueroa Peralta, dijo que el hecho de que la Corte haya dado entrada a la controversia es un llamado de atención a los diputados que se negaron a ampliar el derecho de las mujeres víctimas de violación.
En tanto, la panista Norma Alicia Popoca Sotelo señaló que están a la espera de lo que resuelva definitivamente la Corte, pero de entrada, reiteró que los panistas no cambiarán su postura en defensa de la vida.
Desde el área jurídica, se dijo que al Congreso no le queda más que defender la reforma en los términos que fue aprobada.
El segundo revés fue la resolución de la controversia que el Ejecutivo promovió contra la pensión que el Congreso concedió a Antonio Tallabs, en la que los ministros dieron la razón al Gobernador, al señalar que los diputados violaron el proceso legislativo al negarse a atender las observaciones y reiterar la pensión con simples oficios, que no están contemplados en el proceso legal. i