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Cuernavaca, Morelos.- Apesar de los operativos y de los diversos candados de seguridad para inhibir el robo de vehículo, es un delito que cada vez aumenta más, cuyas penalidades oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel, sin contar si se trató de un hurto simple o con violencia, así lo dieron a conocer especialistas en Derecho.

“Es un delito que cada vez incrementa más, recordemos que la venta o el mercado negro de autopartes parece ser un negocio redituable para quienes lo realizan y ello trae consigo el incremento del robo de diversos vehículos”, precisaron.

Mencionaron que el avance de la tecnología con coches más nuevos con sensores y llaves electrónicas para evitar arrancarlos, ha obligado a los ladrones a robar los autos con lujo de violencia, incluso algunos de ellos para ser usados por la delincuencia organizada en otros delitos.

EL CASTIGO PARA ROBA COCHES

Según abogados de acuerdo con el artículo 176 Bis del Código Penal de Morelos, se impondrá de 10 a 20 años de prisión y 200 días de multa, es decir 15 mil 98 pesos, a quien robe un vehículo automotor.

Comentaron que además se penalizará a quien desmantele uno o más vehículos automotores que posea ilegalmente o comercialice conjunta o separadamente sus partes o las use en otras unidades sin acreditar su legitima procedencia, así como al que las adquiera, detente, posea, custodie, enajene o trasmita sabiendo que son ilícitas.

Indicaron que será sancionado de la misma manera, quien enajene, trafique, permute o realice cualquier transacción del traslado de dominio de uno o más vehículos automotores a sabiendas de su procedencia ilícita.

Señalaron que se sancionará con la misma pena, a quien altere, modifique, elabore o reproduzca, de cualquier manera, la documentación que acredite la propiedad o los datos de identificación o que acrediten el pago de la tenencia, de uno o más vehículos automotores, sin la autorización de la autoridad competente para hacerlo.

Así como a quien posea o custodie instrumentos para alterar, modificar, elaborar o reproducir la documentación que acredite la propiedad, datos de identificación o pago de tenencia de un vehículo automotor, o bien elabore o posea documentación y elementos de identificación falsos, de una o más unidades con propósito de su comercio ilícito.

TRASLADO DE AUTOS ROBADOS

Especialistas en Derecho afirmaron que a quien posea, custodie o adquiera uno o más vehículos automotores con conocimiento de que son de procedencia ilícita, se le sancionará con de 10 a 20 años de prisión y 200 días de multa, es decir 15 mil 98 pesos.

Además se sancionará a quien posea en más de una ocasión algún vehículo que haya sido robado, salvo que lo haya adquirido de buena fé, que se presuma al haberse realizado el registro y haberse obtenido la certificación correspondiente del Registro Estatal de Vehículos y Automotores del Estado de Morelos.

De la misma manera será penalizado quien traslade uno o más vehículos automotores a otro Estado de la República o al extranjero con conocimiento de que son robados.

Así como a quien utilice uno o más vehículos automotores robados para la comisión de otro u otros delitos, a quien robe un vehículo en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación.

Indicaron que a quien orgenice y determine bandas dedicadas al robo, venta, traslado y distribución de autos robados, se le penalizará de la misma manera.

Aunado a ello, a quien robe un auto y ejerza violencia física o moral, se le impondrá una mitad más de la pena que corresponda, es decir que podría alcanzar de 10 a 30 años de prisión.

Comentaron que a quien proporcione los medios, aporte recursos económicos o de cualquier índole para la ejecución del robo de vehículos se le penalizará de la misma manera.

Asimismo, precisaron que si en cualquiera de los delitos relacionados con el robo, desvalijamiento, traslado o venta de autos hurtados participa un servidor público, brinda protección o proporciona información o encubre a los responsables de dichos delitos, a las sanciones que le correspondan se le aumentará una mitad más y se le inhabilitará para desempeñar cualquier cargo público por el doble de la sanción que reciba.

Mientras que si se trata de un servidor público que tenga funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución de penas, a la sanción que corresponda se le aumentará hasta el 100 por ciento más de la pena privativa de la libertad que le den, y se le inhabilitará para cualquier cargo público.