El asesinato y hurto de los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, ha conmocionado no sólo a México, sino a todo el mundo.
Durante la noche del pasado lunes, en una iglesia de Cerocahui del estado de Chihuahua, fueron asesinados dos sacerdotes junto a un turista que era perseguido por un hombre armado. Además de que, los cuerpos de Javier Campos de 78 años y Joaquín César de 80 años, fueron robados del lugar, formando parte ahora de uno de los miles de mexicanos desaparecidos en el país.
Con este trágico acontecimiento, muchos medios y personas han puesto el ojo nuevamente en los acontecimientos vividos en la Sierra Tarahumara, una de las regiones montañosas del país que alberga 21 municipios en donde los servicios básicos y la conectividad con zonas urbanas se encuentran de forma precaria.
Desde el 2008, esta región ha sido una de las más afectadas por los conflictos armados protagonizados por el crimen organizado. Quedando atrapados en medio del fuego pueblos como Ódami, Pima, Warijío y Rarámuri. Pues además del crimen organizado, existen otros interese por parte de empresas mineras y de turismo. Posicionando a la Sierra Tarahumara como una zona conflictiva, es decir, siendo tierra de nadie.
Todo esto viene relacionado con los recientes acontecimientos de esta semana, pues las autoridades dieron a conocer el nombre del responsable de la muerte de los dos sacerdotes jesuitas, el individuo identificado como José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, es uno de los presuntos líderes de “Los Salazar”, uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa en esa región.
Lamentablemente, sólo este tipo de acontecimientos lamentables logra captar la atención de los altos mandos del país, para ser algo al respecto con la inseguridad que hoy en día nos aqueja. Pues el presidente López Obrador aceptó esta mañana la fuerte presencia del crimen organizado en esta región. Mandando a 250 elementos del Ejército para sumarse a las labores de búsqueda del presunto asesino. Ojalá y siempre fuera así en todos los casos.