La diputada Jazmín Solano López planteó reconocer como un derecho la pensión universal de los adultos mayores en el estado de Morelos y sancionar a quienes sin derecho los privan de los recursos entregados. Esto, tras lamentar que se han confirmado más de 100 denuncias de adultos mayores víctimas de abuso por parte de familiares y vecinos que les roban o usan indebidamente sus tarjetas del Bienestar, de acuerdo a la Secretaría de Bienestar estatal. En la reciente sesión ordinaria, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que su propuesta es reformar la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, para consignar como un derecho la pensión de las personas adultas mayores, toda vez que ya forma parte de los derechos fundamentales de este grupo vulnerable en nuestra Constitución federal. Jazmín Solano propone adicionar como infracciones las siguientes conductas: retener, negar o condicionar la entrega de la tarjeta bancaria del bienestar perteneciente a la persona adulta mayor titular, cuando ésta se encuentre en posesión de algún familiar sin importar el grado de parentesco, o de algún vecino que por cualquier motivo la tenga en resguardo. Agrega que es necesario también sancionar a quien disponga, por cualquier medio, de recursos provenientes de la pensión para el bienestar de la persona adulta mayor, sin su consentimiento expreso; así como retirar dinero de cualquier cajero automático de instituciones bancarias utilizando la tarjeta del bienestar y el NIP confidencial de la persona adulta mayor, sin su autorización expresa. Asimismo, plantea sancionar el disponer de recursos económicos mediante cajeros automáticos de instituciones bancarias, utilizando la tarjeta del bienestar de la persona adulta mayor beneficiaria, a pesar de que esta haya fallecido. Solano López resaltó que, según datos de la Secretaría de Bienestar Morelos, se han confirmado más de 100 denuncias de adultos mayores víctimas de abuso por parte de familiares y vecinos que les roban o usan indebidamente las tarjetas del Bienestar, lo que en muchos casos puede implicar una conducta de carácter ilícita que pudiera ser constitutiva de delito, por lo que resaltó que las conductas irregulares propuestas, con sanciones administrativas agravadas, no impiden que además, se hagan exigibles en la vía punitiva.
