El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidez de la reforma a la Ley General de Hacienda y al Código Fiscal, mediante la cual el Congreso le impuso nuevas reglas para llevar a cabo el procedimiento de cobro de sanciones y multas económicas a los servidores públicos, así como entregar a la Secretaría de Hacienda del 30 por ciento de éstas.

La solicitud la hizo el magistrado presidente del TJA, Manuel García Quintanar, a través de la controversia constitucional 43/2020, en la que reclama la aprobación del decreto 659 por parte del Congreso, en diciembre de 2019 y el cual fue publicado en enero en el periódico oficial Tierra y Libertad.

Señala que con dicha reforma, se viola la autonomía del Tribunal para decidir los procedimientos y los requisitos de éstos para cumplir con sus obligaciones, como la de imponer y demandar a servidores públicos el pago de multas y sanciones económicas por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio público.

También precisa que la enmienda no justifica por qué el TJA tiene que entregar a la Secretaría de Hacienda el 30 por ciento de las cantidades económicas que los funcionarios sancionados deben pagar. 

 

Antonieta Sánchez

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