TAL VEZ porque la dinámica social está envuelta en los festejos del fin de año, no mereció un real asomo el papel del decreto de la Ley de Seguridad Interior, publicado el pasado jueves en el Diario Oficial.

Aunque este ordenamiento está en plena vigencia legal, vale acotar, no surte efecto en razón de que el presidente Peña Nieto abrió un compás de espera a que, tras las quejas, la Suprema Corte se manifieste.

Persiste, en tanto, un mal sabor de boca por dos-tres argumentos que se han esgrimido en contra de la Ley de marras, porque a la luz de lo ya visto más bien parecieron vulgar golpeteo político con visos electoreros.

EN CONTRA de la Ley de Seguridad Interior se multiplicaron, sobre todo en redes sociales, las versiones de que los soldados y marinos ya podrían reprimir sin límite alguno todo tipo de manifestación ciudadana.

No, al menos en lo legal no es cierto, según el Artículo 8: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, que se realicen de conformidad con la Constitución Política…

“(…) bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”. Lo contrario estaría fuera de ley.

OTRA DATO que se ha manejado en contraposición a la Ley abordada es la supuesta irreversible militarización del país. No tampoco, el documento detalla causas precisas, sitios y duración de las acciones.

Indica el Artículo 13: “Las peticiones (de declaratoria de protección) de las Legislaturas (…) o respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así como la descripción detallada…”.

Y el Artículo 15: “La Declaratoria de Protección de Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención…”.

A MÁS de otros puntos, vale destacar el Art. 18: “En ningún caso las acciones que lleven a cabo las autoridades federales (…) tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno…”.

Por E. Zapata / [email protected] /  Twitter: @ezapata19