AUNQUE AYER no tardó en ser aprobada la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación de las fuerzas armadas federales en tareas de seguridad pública, todavía hay un espacio para que no entre en vigor.

En cualquier momento el presidente Peña Nieto podría echar mano de su facultad para vetar dicha ley y seguir como hasta la fecha, con la presencia incierta de soldados y marinos en lo que la ley citada regularía.

Es decir, cabe la probabilidad, remota quizá, de que las cosas sigan igual, con cifras extraordinarias de crímenes como homicidio doloso, secuestro, extorsión y otros muchos delitos de inferior impacto social.

SOLO EN octubre reciente, México acumuló 162 mil 910 delitos de diversos tipos, en la inteligencia de que Sedena y Semar colaboran con otras instituciones federales y estatales para atacar los de alto impacto.

El repudio de algunos sectores sociales a lo que alteradamente llaman “militarización” del país choca contra esa realidad palpable de incapacidad y/o corrupción de policías estatales y, sobre todo, municipales.

Alias, en un primer escenario: excluir a soldados y marinos del apoyo en tareas de seguridad pública dejaría a la ciudadanía en buena medida a su suerte frente a criminales vulgares y bandas organizadas.

EN CASO de persistir la actuación limitada de soldados y marinos en seguridad pública o de ser formal en caso de ir adelante la Ley de Seguridad Interior ¿equivaldría al seguro abuso de esos uniformados?

Quienes están contra la “militarización” de México vía la Ley de marras, en automático ven violaciones a los derechos individuales por parte de esos uniformados. ¿Los militares por sí ansían violentar al ciudadano?

¿Por 10, 50 o 100 casos de abuso militar puede colegirse que los 266 mil soldados y marinos tienen por objetivo central salir a hacer daño a los civiles? Al menos así creen y quieran hacer creer algunos interesados.

MAL MOMENTO en el que los legisladores abordaron el proyecto de Ley de Seguridad Interior, porque aquí se mezclan varios intereses, sobre todo los político-partidistas de cara al actual proceso electoral.

Por E. Zapata / [email protected] /  Twitter: @ezapata19

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