El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue absuelto por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 8.8 millones de dólares, cometidos en 2015.

Pese a esta resolución dictada por el magistrado del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Federales de la Ciudad de México, Guillermo Urbina, el panista seguirá recluido en el Reclusorio Preventivo Oriente mientras se determina la resolución de otro delito por blanqueo de capitales por un total de 10 millones de pesos.

Según un Juez federal en la Ciudad de México, no existen evidencias contundentes para efectuar un juicio contra el exgobernador por el delito de los 8.8 millones de dólares.

LA DETENCIÓN

El pasado 10 de noviembre de 2016, el exgobernador de Sonora fue ingresado al Reclusorio Oriente en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Más tarde le fueron dictados dos autos de formal prisión, el primero por defraudación fiscal y lavado de dinero, y el segundo por delincuencia organizada y lavado de dinero; en este último, su hijo Guillermo Padrés Dagnino también estuvo implicado.

Desde el año 2014, Padrés y su familia (padres, hijos y hermanos), comenzaron a ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por los delitos de desvío de recursos.

CAE OTRO EXFUNCIONARIO DE SU GOBIERNO

El exsecretario de Gobierno en Sonora durante el sexenio de Guillermo Padrés, Roberto Romero López fue deportado el pasado 1 de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y trasladado a Hermosillo para vincularlo a proceso.

De acuerdo con las acusaciones, Romero, considerado como la mano derecha del exmandatario, aprovechó su cercanía para desviar recursos destinados al campo hacia un rancho de su familia.

Gracias a las labores de investigación de La Oficina Central Nacional INTERPOL-México de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos se logró su detención el pasado mes de mayo luego de permanecer prófugo de la justicia durante varios meses.

La Procuraduría General de la República y la Fiscalía Anticorrupción informaron que el exsecretario y su esposa hicieron uso de al menos 85 millones de pesos, 20 por ciento del Estado y 20 por ciento de la Federación, mismos que eran destinados al campo en presuntos programas de apoyo.