Una de las causas por la que muchos inversionistas no llegan a México es por el exceso de reglamentaciones que aumentan los llamados “costos de transacción”, es decir, el tiempo y dinero invertido en cumplir con todas las leyes y reglamentos para abrir y operar una empresa legalmente. El economista peruano, Hernando de Soto, demostró mediante un estudio comparativo de los tiempos para abrir una empresa en EUA y Perú, que ahí radica una de las principales ventajas para que los grandes y pequeños emprendedores, inversionistas, prefieran abrir empresas en EUA y no en Latinoamérica. Realizaron un experimento, abrieron un pequeño taller de costura en Lima y otro con las mismas dimensiones en Tampa Florida. Para operar legalmente en Lima tardaron casi 9 meses y tuvieron que dar dos veces dinero a los funcionarios para seguir el proceso de apertura legal, en Tampa tardaron un día y no dieron dinero a ningún funcionario. En México, autoridades encargadas del proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE) realizaron un recuento de los permisos, requisitos, papeles, reglamentos y leyes que tienen que cumplir los inversionistas en los tres niveles de gobierno para empezar a operar legalmente. El total de trámites llegó a la fabulosa suma de 130 mil. El tiempo para reunir esos requisitos depende, como dicen los gestores contratados para reunirlos y cumplir con la ley, de con cuánto dinero “aceites la maquinaria burocrática” para agilizar la obtención de los permisos. Si no das -me dijo un constructor- no construyes. Te encuentras con el “venga mañana” o en un mes, lo que significa un aumento de costos. Le sale más barato a los inversionistas darle una “mordida”, dinero, al funcionario, que esperar meses a que le otorguen uno de los innumerables permisos. En un análisis de las labores de los funcionarios en un banco estatal, el 30% se dedicaban a cumplir con los permisos y sus renovaciones ante los tres niveles de gobierno, no a trabajar en los objetivos propios de un banco. Si el actual gobierno busca aumentar la inversión debe reducir la cantidad de permisos, reglamentos y papeleo innecesarios, que no ayudan en nada a una sociedad mejor, pero desalientan la producción y crean un ambiente propicio para la corrupción.

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