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Hace un año se aprobó –sin que aún estuvieran las reformas federales— el sistema estatal anticorrupción. El 1 de julio de 2015 los diputados locales votaron una serie de cambios legislativos y dos meses después, el 9 de septiembre, nombraron a los integrantes de la Comisión Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción así como al fiscal anticorrupción.
Morelos no fue el único estado donde sucedió lo anterior. Por ejemplo, en Quintana Roo y Veracruz también se adelantaron los nombramientos con allegados a los gobernadores, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia echo abajo los nombramientos. La Corte determinó que los congresos estatales no podían legislar en materia anticorrupción, pues todavía no se habían expedido las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Eso significa que también los nombramientos hechos por la anterior legislatura morelense son ilegales, pues se hicieron antes de la ley general. La única diferencia es que aquí nadie los impugnó. Sin embargo, si los actuales diputados no revierten esos nombramientos, se puede recurrir a la Corte.
El problema no es solo que los nombramientos sucedieron antes de la ley general sino que no se siguió el proceso que marca esta norma obligatoria para todo el país. En concreto, no se conformó una comisión de selección para nombrar a los integrantes del Comité de Participación del Sistema Anticorrupción que es una de las innovaciones de este nuevo andamiaje jurídico.
Con el fin de evitar cuotas partidistas como ha sucedido, por ejemplo, en los institutos de transparencia o en los electorales, en la ley del sistema nacional anticorrupción se creó la figura del Comité de Selección. Este comité es el encargado de nombrar a los integrantes del Consejo Ciudadano y con ello evitar que sean los legisladores quienes los elijan.  
Este comité de selección está integrado por personas de la academia y de organizaciones involucradas en temas de transparencia y rendición de cuentas. Hace unos días, los integrantes del comité de selección a nivel nacional tomaron protesta, sus integrantes son todas personas honorables.
Sin embargo, a nivel local esta figura no existe y los diputados directamente seleccionaron al Comité de Participación. Esto le quita una de sus fortalezas al sistema, pues los integrantes del Comité de Participación en vez de responder al interés general le deben su cargo al partido o diputado que los promovió.
 Hace unas semanas el diputado Enrique Laffitte presentó la iniciativa de ley estatal anticorrupción. Ojalá en esta propuesta queden solventadas todas las faltas que cometió la Legislatura anterior y se reviertan los nombramientos. De no ser así, la sociedad organizada no tendrá más remedio que impulsar los procesos legales para que se cumplan los principios del sistema anticorrupción nacional.
Posdata. Los artesanos de la plaza junto al Palacio de Cortés están en la disposición de reubicarse siempre y cuando les garanticen un lugar adecuado. ¿Qué tal hacer el mercado de artesanías en el local gigante que desocupó Telas del Río en el edificio de la Beneficencia Española? Esta propuesta no requeriría ni mucho dinero ni mucho tiempo. Hay que aprovechar esta oportunidad única de que este inmueble este desocupado.

Por: Vera Sisniega / www.verasisniega.org