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La empresa Promotora Ambiental (PASA) dio a conocer a través de su abogado, Guillermo Pasquel, que ha ganado el litigio por la suspensión injustificada del servicio de recolección de basura contra el ayuntamiento de Cuernavaca. Tras seis años de juicio, el abogado indicó que la empresa regresará a prestar el servicio y que el gobierno municipal deberá pagar alrededor de 300 millones de pesos como indemnización. El ayuntamiento se ha limitado a señalar que revisará la situación legal.

De confirmarse los dichos de la empresa, en los próximos días veríamos circular nuevamente por las calles los camiones verdes de PASA. Además, la millonaria indemnización se sumaría a la enorme deuda que ya tenemos, con repercusiones presupuestales a lo largo de varios años, pues, de por sí, la ciudad se encuentra en una situación cada vez más crítica.

Este pleito y su oneroso desenlace es una más de las herencias de corrupción que la administración 2009-2012 le dejó a Cuernavaca. Yo fui regidora durante ese periodo, y aunque a mí no me tocó conocer el tema de la basura directamente, estaba claro que todo se hizo mal, de prisa y sin justificación alguna, salvo por la peor de las motivaciones posibles, la ambición. 

Me viene a la memoria un contrato aprobado, por alrededor de tres millones de pesos, para revisar si el relleno sanitario de Loma de Mejía contaminaba y del cual nunca se supo el resultado. Tras ese remedo de justificación, los regidores aprobaron en una sesión nocturna un acuerdo muy ambiguo que le permitió al alcalde  y sus socios darle cierta apariencia de legalidad a la suspensión de los pagos a PASA. Fui la única que no se sumó al acuerdo.

No es posible que los ciudadanos tengamos que pagar los 300 millones de pesos, que significarán menos obras y servicios, debido a  la negligencia y la avaricia de unos pocos: los deben pagar los culpables de esta aventura legal. Es decir, el que fuera titualr y sus socios (como el entonces secretario del ayuntamiento), así como los regidores beneficiados con el acuerdo. Además, deberían quedar inhabilitados para el servicio público por muchos años pues claramente son irresponsables, incapaces y deshonestos. 

Cuauhtémoc Blanco tiene una oportunidad de oro para revertir la pérdida de credibilidad que ha sufrido en las últimas semanas. La contraloría municipal debería impulsar un procedimiento para que los verdaderos culpables paguen los 300 millones de pesos y sean inhabilitados. A casi una tercera parte de su mandato, el alcalde tiene el tiempo justo para corregir el rumbo y recuperar la confianza de los ciudadanos no con palabras sino con acciones.

POSDATA: Este miércoles se presenta la organización ciudadana Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Se trata de una organización que se dedicará a dar seguimiento profesional a las políticas públicas y al ejercicio del presupuesto en Morelos. Está encabezada por el empresario Juan Cintrón y su vicepresidente es Roberto Newell, fundador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Tengo el honor de ser parte de su equipo.

Opinión
Vera Sisniega
www.verasisniega.org