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La semana pasada terminó el periodo de inscripciones de los candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Más de cuarenta personas se apuntaron para presidir o ser consejeros consultivos de la Comisión.

El nuevo ombudsman morelense será elegido por el congreso del estado y durará en su cargo tres años. Su puesto es de la mayor relevancia, pues será el encargado de vigilar el respeto a los Derechos Humanos en Morelos o, en su defecto, denunciar su violación.

Por estos días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido fundamental para documentar y denunciar los abusos del mando único. Sin embargo, no cualquiera se atreve a exhibir las fallas de los gobernantes ni soporta las presiones que derivan de hacerlo. 

Encontrar a la persona adecuada para el puesto tanto por sus competencias teóricas como por su carácter  no es fácil. El congreso debería buscar la asesoría de expertos y organizaciones ciudadanas.

Así lo hizo recientemente el Congreso de la Unión cuando eligió a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). La preselección de los candidatos la hizo un grupo de expertos quienes entregaron a los legisladores una lista con los  nombres de las personas adecuadas para el cargo. 

 Además, el congreso local debería publicar en su página de Internet todos los documentos y los currículums de los candidatos, y hacer públicas las comparecencias de los aspirantes. 

Adicionalmente, valdría la pena que los candidatos exhibieran su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Este último requisito es particularmente importante, pues quien dirija la comisión debe estar libre de conflictos de interés de carácter político.  

No solo eso, sino que si uno de los diputados se encuentra en conflicto de interés debido a que uno de los aspirantes es familiar o amigo suyo, debería excusarse de la votación. A la hora de sufragar, los diputados deberían justificar y exhibir el razonamiento de su voto. 

Es muy importante que los ciudadanos vigilemos de cerca este proceso de selección pues lo que está en juego no es poca cosa y, como es de imaginarse, lo que menos quieren quienes están en el poder es  un ombudsman independiente dispuesto a exhibir sus tropelías y omisiones. También valdría la pena que los propios candidatos vigilen y pidan una selección transparente. 

Ningún proceso es perfecto, pero mientras haya más participación de los ciudadanos cada vez iremos teniendo funcionarios públicos con más capacidad y, lo más importante, con mayor vocación para actuar verdaderamente en función de los intereses a los que deben servir.

Por cierto, estimado lector, está en curso el acopio de firmas para la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, que es una propuesta para combatir la corrupción elaborada por los mejores expertos del país. Para presentar esta propuesta ante el Congreso de la Unión necesitamos juntar 120 mil firmas. En Cuernavaca, se puede pasar a firmar al Café Alondra (Hidalgo 22, Col. Centro); solo  es necesario llevar su credencial de elector.  Este país solo cambiará con nuestra participación, hagamos el esfuerzo.