La semana pasada, el Congreso de Morelos nos dio una de esas sorpresas a las que ya nos tiene acostumbrados. Tras realizar un análisis de menos de 24 horas decidió eliminar a 10 diputados, por lo cual, a partir de 2018, tendremos 20 diputados en el Poder Legislativo en lugar de 30.
A primera vista parece una buena medida, pues la lógica dice que entre menos diputados menos gasto. Sin embargo, lo costoso del Congreso no se debe al número de diputados sino a la perversión de su función.
En primer lugar, los diputados, en vez de dedicarse a hacer leyes y revisar el trabajo del Ejecutivo, utilizan su tiempo en lo que se conoce como “gestión”, aunque en realidad es mero tráfico de influencias y campaña con recursos públicos. Es decir, conseguir obras y apoyos para sus clientelas políticas.
En segundo lugar, entre menos legitimidad tiene un gobierno más necesita del Congreso para mantenerse en el poder y los diputados, en vez de escuchar a sus representados, intercambian el respaldo a la administración por más recursos para el Poder Legislativo y para sus bolsillos.
Así que el Congreso de Morelos se ha vuelto tan caro no por el número de legisladores sino por la distorsión de su trabajo y por la corrupción que avalan. Hace diez años también había 30 diputados pero su presupuesto era la mitad del actual. En 2007 el presupuesto del Congreso fue de 233 millones de pesos; en 2017 es de 468 millones 500 mil pesos.
Claro que urge frenar la sangría de recursos públicos en la que se ha convertido el Poder Legislativo. No obstante, es vital identificar y atacar las verdaderas causas, de lo contrario solo agravaremos el problema.
Reducir el número de diputados no garantiza que disminuirá el costo del Congreso, pues, aunque sean menos diputados, su presupuesto continuará siendo el mismo. Eso ya ha pasado antes, como en 2006 cuando se prohibió a los partidos comprar publicidad en medios de comunicación y a cambio se les otorgaron espacios publicitarios gratuitos. Sin embargo no se disminuyó su presupuesto por lo que terminaron con más recursos.
Eso sí, reducir el número de diputados atenta contra el derecho a la representación. Entre menos número de representados tenga un legislador mejor atención les puede brindar, pues es mucho más personal. Al eliminar diputados, los ciudadanos tendremos que compartir un representante entre más gente, lo que restringe el acceso al mismo.
Por supuesto, casi todos dirán que los diputados ni escuchan ni sirven a los ciudadanos, y tienen razón; pero eliminarlos solo fortalece a la partidocracia. Hoy, que finalmente existen candidaturas independientes, ampliar el número de votos necesarios para llegar al Congreso solo dificultará el triunfo de los ciudadanos de a pie que, sin los recursos ni la estructura de los partidos, necesitarán llegar a un número mucho mayor de personas.
Así que disminuir el número de diputados no significa que el Congreso costará menos y sí en cambio fortalece a la partidocracia y a la mala calidad de la representación. Si de verdad los diputados quieren ahorrar recursos públicos, deberían prohibir y catalogar como delito los gastos de gestión que realizan indebidamente.

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