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Una vez más hubo una reforma constitucional en materia de participación ciudadana. Ya perdí la cuenta, pero el tema está permanentemente bajo revisión legislativa y el resultado es que  en Morelos jamás se han presentado una iniciativa popular, un plebiscito o un referéndum. 
 La nueva redacción constitucional en la materia tiene una cosa buena y una mala. La mala es que desapareció la revocación del mandato. Con un argumento legaloide, los legisladores eliminaron el derecho ciudadano de poner a consideración en las urnas la salida o la continuidad de un gobernante. 
Resulta paradójico que bajo el liderazgo del gobierno de Graco Ramírez desaparezca este mecanismo que fue uno de sus compromisos de campaña. Hay que recordar que, el actual gobernador, dijo cuando aún era candidato que se sometería a la revocación del mandato cada dos años. 
Lo positivo de la reforma, en mi opinión y a diferencia de varios sectores que lo consideran un retroceso, es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. 
Este consejo se integraba por 15 personas que podían aprobar o rechazar arbitrariamente los asuntos que se querían someter a votación por parte de los ciudadanos al decidir si eran o no de “trascendencia social”. O sea, en Morelos no era suficiente presentar la enorme cantidad de firmas exigidas para solicitar un plebiscito o un referéndum sino que, además, había que rezar para que el consejo determinara que el tema era importante.  
Además, este organismo generaba duplicidad de funciones con el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), pues también se le daba la obligación de verificar las firmas que respaldaban las solicitudes de los ciudadanos, cuando la instancia especializada y con presupuesto para ello es el IMPEPAC.
 Para colmo, el Congreso tenía la obligación de emitir la convocatoria para integrar el consejo y nunca lo hizo. En la misma ley se estableció que el Legislativo tenía dos meses para emitirla, pero pasaron casi dos años y nunca se hizo. 
 Ahora, con la nueva reforma constitucional, será únicamente el IMPEPAC quien, al revisar que se cumplan los requisitos de ley como el número de firmas, autorizará o negará la solicitud de referéndum o plebiscito. Esto es un mecanismo mucho más transparente y menos discrecional que dejar la decisión al arbitrio de la política. 
Además, hay que recordar que los consejeros del IMPEPAC son elegidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), previo concurso y entrevistas, razón por la que, si bien el método no es infalible,  sí es mucho más confiable que el dedazo del Congreso. 
La desaparición del consejo significa un trámite menos, un camino más franco para la participación. El gobierno está lleno de consejos y comités que no sirven de nada. ¿Alguien conoce alguno que opere con efectividad? 
Ahora falta que se dé a conocer la iniciativa de ley que regulará estos mecanismos aprobados, una vez más, en la Constitución. Esperemos que el Congreso no repita la táctica de impedir la participación a través de enredarse en infinitas reformas legales. 
Otra duda que me surge es qué va pasar con la iniciativa ciudadana, el mecanismo que existía en la ley anterior era interesante, pues no era necesario reunir un número de firmas determinado para poder presentar ante el Congreso o en los cabildos una iniciativa de ley o de reforma legal. Ojalá esto se mantenga en la nueva legislación. 

 

Por: Vera Sisniega / www.verasisniega.org